Repudian fallo de la Suprema Corte que da luz verde a la política de Carga Pública

De la redacción

En una votación de 5 a 4 la Suprema Corte de Justicia dio luz verde a una regla que niega la residencia legal permanente a inmigrantes que acudan o puedan acudir a la ayuda del gobierno en el futuro. Los cinco jueces conservadores de la corte, incluido el presidente del tribunal John Roberts, quien por cierto preside actualmente en el Senado el juicio de destitución contra Trump, levantaron la orden judicial de un tribunal inferior que había bloqueado la llamada política de ‘carga pública’, mientras continúa el litigio sobre su legalidad. Trump ha hecho de su dura postura de inmigración un sello distintivo de su presidencia y campaña de reelección de 2020.

Varias demandas contra la administración Trump presentadas por los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont, así como por la ciudad de Nueva York y varias organizaciones sin fines de lucro defensoras de los derechos de los inmigrantes, mantuvieron bloqueada por algún tiempo la política de ‘carga pública’. La calificaban como una «prueba de riqueza» que marginaría desproporcionadamente a los inmigrantes no blancos, dicen críticos dela medida.

David Huerta, presidente del sector Oeste del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) y miembro de su Junta Ejecutiva en California declaró en un comunicado que los miembros del SEIU están «muy decepcionados» con la decisión de la Suprema Corte este lunes.

“Pero sabemos que la lucha para proteger a las familias inmigrantes y crear una unión más perfecta que respete e incluya a todas las personas, independientemente de dónde nacimos, apenas está comenzando… Los litigios que detendrían este ataque injusto contra las familias inmigrantes todavía se están moviendo por los tribunales”.

Como reportamos oportunamente en este mismo espacio, al imponer una orden judicial que bloquea la regla de carga pública, el 11 de octubre de 2019 el juez de distrito con sede en Manhattan, George Daniels calificó a la referida regla de «repugnante para el sueño americano», y como una «política de exclusión en busca de una justificación».

Y es que la administración Trump había solicitado al tribunal superior que dejara que la regla entrara en vigencia incluso antes de que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva York, dictaminara una la medida cautelar sobre la apelación de Trump. Por el momento, «el Segundo Circuito está considerando el asunto de manera expedita», con documentos legales que se presentarán antes del 14 de febrero, «y se esperan argumentos de las partes poco tiempo después», dice la agencia Reuters.

Entre tanto, la a administración federalp ahora puede hacer cumplir la regla en todo el país, excepto en Illinois, donde un tribunal inferior ha bloqueado su implementación.

Ken Cuccinelli, subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), elogió al tribunal superior: «Está muy claro que la Corte Suprema de los Estados Unidos está harta de estos mandatos nacionales por parte de jueces que intentan imponer sus preferencias políticas en lugar de hacer cumplir la ley», dijo en conferencia de prensa.

La administración federal ha dicho que la nueva regla es necesaria para garantizar mejor que los inmigrantes sean autosuficientes. Pero los críticos de la medidaso sostienen que la regla prohibiría desproporcionadamente la residencia permanente a las personas de bajos ingresos de los países en desarrollo de América Latina, África y Asia.

Como se recordará, la política de carga pública de Trump establece que los oficiales de Inmigración considerarían factores como la edad, el nivel educativo y el dominio del inglés para decidir si un inmigrante probablemente se convertiría en una carga pública. Quién recibiera beneficios gubernamentales a través por ejemplo del programa de seguro de salud de Medicaid para los pobres.

El año pasado, una encuesta del Urban Institute descubrió que la referida regla de la administración “ya estaba disuadiendo a las personas de buscar beneficios ¡incluso para los niños ciudadanos estadunidenses!, por temor a dañar su propio estado migratorio futuro”.

Claudia Center, abogada de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles dijo que la regla apunta además a las personas discapacitadas que solicitan las tarjetas verdes, y «consagra el falso estereotipo de que las personas con discapacidad no contribuyen a nuestra sociedad».

Por su parte, los miembros de SEIU se han unido con socios en todo el país para garantizar que las familias inmigrantes tengan acceso a información y asesoramiento legal. “No permitiremos que con su campaña de miedo Trump acabe con las esperanzas de las familias inmigrantes”, dijo David Huerta en el comunicado.

Agregó: «Estamos listos para unirnos con el gobernador Newsom y la Legislatura estatal (de California), para tomar todas las medidas necesarias y proteger a las familias inmigrantes en el estado; y para evitar que Trump obligue a los niños a pasar hambre o les quite la atención médica a las familias trabajadoras».

Lo más importante para los miembros de SEIU, dice el comunicado, es que están “listos para una pelea sin precedentes por el corazón de nuestra nación en las urnas este noviembre. Todavía creemos en los valores estadunidenses que prometemos a las personas oprimidas en todo el mundo: que damos la bienvenida a los cansados, los pobres y aquellos que anhelan ser libres. Organizaremos, educaremos a nuestras comunidades y movilizaremos el voto porque el futuro de nuestra nación depende de ello”■

¿Qué limita recibir la residencia legal permanente?

El tribunal superior podría darle a Trump más victorias en la política de Inmigración, como la muerte de DACA, el programa que difiere de la deportación a los ‘Soñadores’, para lo que debe emitir un fallo a fines de junio.
Por lo pronto, la nueva regla amplía el alcance de «carga pública» a cualquiera que se considere que pueda recibir una gama mucho más amplia de beneficios públicos, incluida la asistencia médica, la de vivienda y la asistencia alimentaria por más de un año continuo dentro de un periodo de tres años.
Pero la gran mayoría de las personas que buscan la residencia permanente no son elegibles para los beneficios públicos.
El juez conservador Neil Gorsuch, designado por Trump votó para levantar el mandato judicial criticando el uso «cada vez más común» de los mandatos de tribunales inferiores a nivel nacional para detener las políticas gubernamentales.
Otros dos tribunales federales de apelaciones levantaron previamente órdenes judiciales a nivel nacional ordenadas por tribunales inferiores que bloquean la regla.
Trump ha hecho de su dura postura de inmigración un sello distintivo de su presidencia y campaña de reelección de 2020.