Foto: La Resistencia.

De la redacción

Este fin de semana ocurrió un importante acontecimiento que anuncia el principio del fin del uso de todas las prisiones privadas con fines de lucro en California, atendiendo a una intensa movilización de los inmigrantes y sus aliados en el estado. El gobernador Gavin Newsom firmó el viernes la Ley AB 32, del asambleísta demócrata de California, Rob Bonta, que eliminará gradualmente dichas cárceles, incluidas las prisiones y los centros de detención de inmigrantes en todo el ‘Estado Dorado’.

La AB 32 prohibirá que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) celebre o renueve contrato con  compañía penitenciarias privadas después del 1 de enero de 2020, y evitará que California mantenga a ningún recluso en centros penitenciarios con fines de lucro a partir de 2028, incluidos una mayoría de inmigrantes indocumentados –y documentados también-, gracias a la entrada en vigencia de la AB 32, que también se aplica igualmente para prohibir los centros de detención privados que se encuentran en California.

California actualmente alberga a unos mil 600 reclusos en tres cárceles en los condados de Kern y San Bernardino, administradas por el Grupo GEO, con sede en La Florida, dice hoy un reporte del San Francisco Chronicle. Pero según la nueva ley,  “California no puede renovar esos contratos, que expiran en 2023, ni celebrar otros nuevos después de ese año, a menos que los necesite para mantener a la población carcelaria bajo un límite, pero ordenado por una corte”.
Esos contratos vencerán en junio de 2023 y ahora con la SB 32 convertida en ley no pueden renovarse ni ampliarse, excepto para cumplir con un límite de población ordenado por un tribunal, para reducir el hacinamiento en las instalaciones públicas.

«Durante mi discurso inaugural, prometí poner fin a las cárceles privadas, porque contribuyen al encarcelamiento excesivo, incluidos los que encarcelan a los reclusos de California y los que detienen a inmigrantes y solicitantes de asilo», dijo el gobernador Newsom en un comunicado de su oficina. «Estas prisiones con fines de lucro no reflejan nuestros valores».

El asambleísta Bonta dijo por su parte estar “muy agradecido y extremadamente orgulloso de que el gobernador Newsom haya firmado mi AB 32… Este es realmente un momento histórico para California”. Al finalizar el uso de las prisiones privadas con fines de lucro y de los centros de detención, agregó Bonta, “estamos enviando un poderoso mensaje de que nos oponemos con vehemencia a la práctica de sacar provecho a espaldas de los californianos bajo custodia».

Como hemos repetido en muchas ocasiones en este mismo espacio informativo, las prisiones privadas son una industria multimillonaria en Estados Unidos y actualmente operan en 27 estados. Aunque tienen menos del 9 por ciento de todos los prisioneros estatales y federales, “la gran mayoría de los inmigrantes detenidos para deportación se encuentran en esas instalaciones con fines de lucro”, dice Los Angeles Times.

Hasta el 11 de septiembre, había 114 mil 800 prisioneros estatales bajo custodia, de los cuales unos 2 mil 200 por debajo del límite impuesto a California por los jueces federales en 2009. Casi mil 700 de ellos se encontraban en instalaciones privadas.

Entre algunos de estos especuladores se encuentran incluidos los contratistas de ICE que se benefician directamente de la separación familiar y el encarcelamiento, como CoreCivic, GEO Group y MVM, y los bancos como Wells Fargo y SunTrust, que proporcionan financiamiento crítico para la industria.

Un representante del Grupo GEO sugirió a la fuente que la ley, especialmente la prohibición de los centros de detención de inmigrantes, podría ser revocada por los tribunales.

«Los estados no pueden aprobar legalmente legislación que ordene el cierre de instalaciones federales que les desagraden, sobre la base de diferencias ideológicas», dijo dicho representante de la poderosa industria carcelaria.

Con la firma de la AB 32 ni ICE ni las compañías privadas de prisiones podrán «socavar» las leyes estatales para expandir centros de detención, declaró al Times, Christina Fialho, cofundadora del grupo Freedom for Immigrants, con sede en California, que aboga por la abolición de los centros de detención de inmigrantes.

Fialho dijo además sentirse feliz con la firma de la Ab 32, y la organización sin fines de lucro “lanzó un fondo de emergencia el viernes para pagar las fianzas de los reclusos de Inmigración y apoyar a las familias afectadas por el cierre de los centros de detención”.

La AB 32 es el proyecto de ley más progresista y de mayor alcance sobre la detención de inmigrantes en este país, concluyó Fialho. «Esperamos ver que otros estados y el Congreso sigan nuestro ejemplo».

El CDCR ha salido de dos cárceles privadas este año, una fuera del estado de Arizona en junio, y otra fue la Instalación Correccional Comunitaria Modificada del Valle Central, en septiembre, sostiene el comunicado del gobernador■