Las redes de respuesta rápida denuncian las redadas por parte de ICE en el norte de California. Foto: Sanctuary Santa Cruz.
De la redacción
Ante la difundida idea de que la cooperación de la policía local con los agentes federales de Inmigración reduce el crimen, un estudio científico recientemente divulgado demuestra que no hay evidencias que apoyen esta noción. En cambio, es bien sabido que el programa Comunidades Seguras ha arrojado más discriminación, arbitrariedad, injusticia y violencia que reducción del crimen o algún otro beneficio a la sociedad, y mucho menos aún a las comunidades de color.
Los defensores del programa policíaco, Comunidades Seguras, que desde su primer mandato George W. Bush echó a andar con la cooperación entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los departamentos de policía locales, y que luego el presidente Obama amplió drásticamente para ser suspendido en 2014, argumentan que éste ayuda a prevenir el crimen y que también aumenta la capacidad de la policía para resolver el crimen a través de dicha cooperación. Pero un nuevo estudio de la Universidad de California en Davis (U.C. Davis) echa abajo, o porr lo menos pone en duda esta creencia.
The New York Times reporta que “Las jurisdicciones de todo el país implementaron el programa de diversas maneras. Algunos lugares tuvieron pocas o ninguna deportación; en otros, las deportaciones se acercaron o incluso excedieron apenas el medio por ciento de la población local. Algunos introdujeron el programa ya en 2008, mientras que otros no comenzaron sino hasta 2013”.
Otro examen nacional que comparó datos de deportaciones, del Centro de Intercambio de Acceso a Registros de Transacciones (TRAC) de la Universidad de Syracuse, con las tasas de criminalidad del F.B.I. en más de mil áreas locales antes y después de adoptar Comunidades Seguras, encontró un resultado consistente: los lugares que deportaron más “no parecían más seguros” que los que deportaron menos. En otras palabras, las áreas metropolitanas que deportaron al .5% o un poco más de la población en edad laboral, comprobaron que “el cambio en la delincuencia en esas áreas fue similar al cambio en la delincuencia en las áreas que deportaron a unas pocas personas, o a ninguna”.
Y es que según estadísticas de los datos sobre delitos, “notoriamente ruidosos”, tomados del F.B.I., afirman que el crimen ha disminuido en muchas áreas en todo el país durante décadas; y claro, continuó haciéndolo bajo Comunidades Seguras. Por lo que según la fuente no hay relación entre deportaciones y delitos. Tampoco notaron relación entre el efecto de las deportaciones en los delitos violentos o a la propiedad, “independientemente de cuán agresivas fueran las deportaciones en un área determinada”. Así que, si la deportación fuera un método efectivo de prevención del delito, dicen, los lugares que más deportaron exhibirían mayores reducciones en el delito que otras áreas. ¿Y qué creen?, “no se observaron tendencias como esa”.
Este tema depende de una compleja gama de factores, sostiene el estudio de U.C. Davis, que “enmascaran tendencias reales”. Y para contrarrestar algunos de estos posibles factores de confusión, los autores del artículo “aprovecharon el despliegue escalonado del programa para producir datos con condiciones muy variables”, como los factores demográficos y socioeconómicos, “para ayudar a aislar el efecto potencial de la política de deportación, de los factores y tendencias generales en el país”, y no se encontró “ningún vínculo entre mayores tasas de deportación y menor delincuencia”.
A medida que se desatan discusiones en ciudades de todo el país sobre el papel de la policía local en las operaciones de Inmigración de Trump, la administración federal ha intensificado las deportaciones en los últimos meses. “La justificación que se usa con frecuencia es mantener a las comunidades seguras”.
Los investigadores dijeron que “una evaluación de los datos que ya existen es la mejor manera de resolver esta pregunta y guiar el futuro de la política de deportación”■
