De la redacción
Tras agrios debates legislativos en Georgia el gobernador republicano, Brian Kemp firmará hoy martes un
contra el aborto, uno de los más restrictivos del país; pero se espera que probablemente sea impugnado en tribunales, como casi todas las iniciativas republicanas de la actual administración.
El proyecto de ley de Georgia que lleva el nombre de «latido fetal», y que el gobernador de ese estado firmará hoy martes, convierte en ilegal practicarse un aborto “cuando ya se ha detectado un latido en el útero”, lo que ocurre alrededor de seis semanas, dice un reporte de CBS News.
Esta ley ha provocado oposición entre los legisladores demócratas y los defensores de los derechos del aborto. “Los críticos argumentan que muchas mujeres no saben que están embarazadas a las seis semanas, y que es una ventana demasiado estrecha para que las mujeres puedan obtener una cita con los médicos y recibir la atención adecuada”.
En tanto, la ley estatal vigente permite abortos hasta la vigésima semana de embarazo. Pero la nueva ley amenaza con promulgarse a principios de 2020. Los principales defensores de los derechos del aborto llaman a la ley “una prohibición de facto del aborto en el estado”. Argumentan que la ley está preparada para convertirse en “una de las leyes de acceso al aborto más restrictivas del país”.
La Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) ha prometido por su parte presentar una queja contra la legislación mucho antes de enero de 2020, cuando está programado que se implemente el cambio de política. El proyecto de ley incluye “una excepción por violación, incesto y situaciones en que la salud de la madre está en riesgo”.
Andrea Young, directora ejecutiva de ACLU – Georgia, declaró el lunes a CNN que su organización “está en proceso de preparar un desafío judicial al proyecto de ley”. Y que ACLU cree que “es una clara violación de Roe v. Wade”.
Genevieve Wilson, directora ejecutiva de Georgia Right to Life, dijo por su arte que su grupo “cree en la promoción de la justicia social para todos los niños antes de nacer, sin excepción».
Agregó que el controvertido proyecto de ley incluye algunas -referidas- excepciones para situaciones de “inutilidad médica o cuando la salud de la madre está en riesgo, así como en casos de violación o incesto antes de las 20 semanas, si se ha presentado un informe policial oficial”.
Por tanto dijo además que esas excepciones son «discriminatorias e incorrectas» y «crean un marco de dos niveles para determinar qué niños en el útero pueden vivir y cuáles no». Su grupo apoyó el proyecto de ley hasta que se agregaron las excepciones durante el proceso legislativo.
Vale anotar que la cámara legislativa de Georgia, de mayoría republicana votó a favor del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 481, denominado ‘Ley de Equidad e Igualdad de los Bebés Vivos’, con un voto de 92 a 78 el 29 de marzo.
Las llamadas «leyes de los latidos del corazón», como la de Georgia, se han convertido en “una herramienta popular entre los estados que buscan reducir el acceso al aborto”, afirma CBS. Al menos 15 estados han introducido una legislación similar este año, y los gobernadores de Kentucky, Mississippi y Ohio han promulgado su ley. Pero según la organización de investigación de la salud reproductiva, del Instituto Guttmacher, “Ninguna de esas leyes se ha promulgado con éxito”.
Los expertos dicen que esas leyes pretenden servir a un propósito más amplio: “proporcionar una apariencia legal para comenzar la larga batalla legislativa necesaria para derrocar, o al menos socavar Roe v. Wade”, la histórica sentencia de la Corte Suprema de 1973 que “protege el derecho de una mujer a un aborto… hasta alrededor de 24 a 25 semanas” de embarazo.
Sólo este año, según un estudio realizado por Planned Parenthood y Guttmacher el mes pasado, los legisladores estatales han presentado más de 250 proyectos de ley que restringen el acceso al aborto. Y las prohibiciones de abortos durante las primeras seis semanas, como la de Georgia, “aumentaron en un 62 por ciento”.
Muchas de esas restricciones han sido bloqueadas por jueces federales, dice la fuente, dando el primer paso en una larga batalla legal para poner la legislación frente a la Corte Suprema de Estados Unidos. “Los estados pueden apelar la decisión y, si se les niega, nuevamente pueden presentar otra apelación ante el Tribunal Supremo, que puede elegir si quieren o no aceptar el caso”.
Para los legisladores conservadores interesados en anular o erosionar el acceso al aborto, esta ruta de apelación es la única manera de eliminar de forma sustancial Roe v. Wade, que está protegida por la Constitución de Estados Unidos■