Activistas vestidos de prisioneros se unieron en el distrito financiero de Wall Street en Nueva York, contra el apoyo de las instituciones financieras a las prisiones privadas y los centros de detención de inmigrantes Foto: Drew Angerer / Getty Images.

De la redacción

La lucha del gobierno federal contra las llamadas ciudades santuario avanza en los tribunales silenciosa pero eficazmente, y un nuevo capítulo de esta zaga arroja buenas noticias para los inmigrantes y sus defensores. Se trata del triunfo de la demanda sometida ante la Corte del Distrito Sureste de Nueva York por la Fiscalía General de ese estado contra la administración Trump. El veredcto impide al gobierno federal recortar los fondos para la seguridad pública estatal.

Como hemos visto desde el inicio de esta administración, los fondos federales destinados a combatir el crimen y a garantizar la seguridad pública de los estados, como marca la ley, se han convertido en una arma política del presidente para castigar a las jurisdicciones santuario; es decir, aquellas que prohíben a su policía local y estatal convertirse en agentes federales de Inmigración, al cooperar con los agentes de ICE.

Ya hemos publicado oportunamente en este espacio, a propósito de los “Foros de la Verdad”, audiencia públicas que mandan a los Condados rendir cuentas anualmente a la sociedad civil sobre los inmigrantes indocumentados detenidos en las cárceles de los condados que son transferidos a ICE.

Y hemos publicado también sobre algunos Sheriffes, como la del Condado de Fresno, California, Margarte Mims, que en clara violación a la ley informan anticipadamente a ICE sobre las fechas en que serán liberados de esas cárceles dichos detenidos, para ser arrestados nuevamente, esta vez por los federales, y posteriormente ser deportados muchas veces por la vía del fast track o sin ser sometidos al debido proceso legal, como marca la ley.
La noticia se dio a conocer este fin de semana, con el triunfo de la demanda interpuesta a principios de este año por la Fiscal General de Nueva York, Barbara Underwood, luego que la Administración Trump buscara castigar a las jurisdicciones denominadas Santuario, “al imponer condiciones relacionadas con la inmigración a los fondos de seguridad pública contenidos en la ley que lleva el nombre de Edward Byrne Memorial Grant (Byrne-JAG)”, , dice un comunicado de la Fiscalía General de Nueva York.

Consistente con cada tribunal que ha considerado este asunto, la Corte concluye que los acusados, o sea, el gobierno federal no tenían la autoridad legal para imponer estas condiciones.

Agentes federales arrestaron recientemente a un inmigrante indocumentado de Costa de Marfil cuando salía de la Corte Penal del Bronx, como parte de la política de Trump. En una ‘Ciudad Santuario’, los inmigrantes aún están en riesgo. Foto: The New York Times.

La decisión de hoy es pues “una gran victoria para la seguridad pública de los neoyorquinos”, declaró al conocer el veredicto la fiscal Underwood. Y aunque esta victoria se extiende a la lucha de los inmigrantes contra la medida de Trump a nivel nacional, el presidente desestimó el importante triunfo cuando supo de la decisión judicial.

La Fiscal de Nueva York argumentó en la demanda que la policía local “tiene el derecho de decidir cómo satisfacer sus necesidades de seguridad pública local, y la administración Trump simplemente no tiene el derecho de exigir que la policía estatal y local que actúen como agentes federales de inmigración. El intento de la administración de Trump de retener estos fondos vitales no fue más que un ataque político a expensas de nuestra seguridad pública”.

Este es un argumento legal en el que las demandas del resto de los estados pueden apoyarse para evitar los recortes de los fondos del gobierno federal que deben ayudar a garantizar a las agencias locales para para poder hacer cumplir la ley y continuar determinando la mejor manera de mantener seguros a sus habitantes de los estados.

Hermanos, de 4 y 3 años de edad, de El Salvador, como parte de los presos en una estación de la Patrulla Fronteriza en Brownsville, Texas, en 2014. Foto: Todd Heisler / The New York Times.

el falo judicial bloquea las condiciones impuestas por el Departamento de Justicia en Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Washington, Massachusetts y Virginia, tras una demanda impulsada en julio de 2017.

El fallo va en línea con otros similares de jueces en California y Chicago que se encargaron del caso en otras jurisdicciones.
De acuerdo con sus reclamos, los demandantes podrían haber llegado a perder en conjunto alrededor de 25 millones de dólares en fondos para seguridad■