La pediatra Yolanda Rebollo lee con una pequeña paciente en la clínica Eisner Health en Los Ángeles, CA. Los administradores de la clínica están preocupados porque algunos pacientes (no la bebé de la foto) no están inscribiéndose para recibir estampillas de comida y Medicaid. Foto: Cortesía de Eisner Health.
Faltan dos semanas para que finalice el periodo de comentarios públicos sobre los cambios propuestos por el gobierno de Trump, que busca negar residencia permanente a solicitantes que hayan usado algunos beneficios públicos como el seguro de salud, Medicaid, y las estampillas de comida. Los cambios no afectan a los que ya tienen la residencia permanente ni a los hijos ciudadanos, y sin embargo agencias comunitarias ya registran una preocupante disminución en el uso de programas públicos por parte de las familias inmigrantes. Zaidee Stavely conversó con algunas de estas familias y con activistas que buscan evitar estas drásticas modificaciones, y desde Oakland, California, nos entrega el reporte.
Socorro es una abuela de 77 años que sufre de diabetes. Vive en Los Ángeles y como no tiene mucho dinero, en su clínica, Eisner Health, le han sugerido que solicite estampillas para la comida, pero no quiere.
“A mí me da miedo porque yo he escuchado decir que se las van a recortar o cobrar…, no sé si las van a cobrar a mi hijo que me pidió”, dice Socorro.
Familias esperan en una clínica de WIC. La Asociación de WIC en California ha escuchado reportes de muchas personas declinando o cancelando WIC por miedo a la nueva disposición de la administración Trump. Foto: Cortesía de California WIC Association.
Socorro se refiere a una propuesta del gobierno de Donald Trump que, de ratificarse, haría más difícil que los inmigrantes consigan la residencia permanente si alguna vez usaron ciertos beneficios públicos. Por primera vez incluirían estampillas de comida, el seguro médico para personas de bajos ingresos, Medicaid, subsidio para pagar la vivienda, y Medicare Parte D, que ayuda a las personas de la tercera edad a conseguir medicinas.
A Socorro, la propuesta de Trump no la afectaría porque desde hace ocho años ya tiene la residencia permanente, pero no se confía:
“Todos tenemos miedo aunque tengamos ‘papeles’”, dice.
Por ese mismo miedo, en Sacramento, California, María canceló el seguro médico de su hija mayor, de cinco años, y no solicitó ayuda de WIC, un programa de nutrición para ella y su bebita de 3 meses.
María también tiene green card y sus dos hijas son ciudadanas. Sabe que los cambios propuestos por Trump no incluyen el programa WIC, ni otros beneficios que usan sus hijas. De todas formas prefiere no arriesgarse.
“I fear that at some point, they change something else and I will be deported… How can I know the future, right? How can I be sure it’s not going to be a problem?«, dice María.
(Temo que en algún punto ellos cambien algo más y vaya a ser deportada… ¿Cómo voy a saber el futuro, no? ¿Cómo puedo estar segura que no va a haber un problema?)
Carolina Gameros, de la Coalicion para Proteger Familias Migrantes, www.protectingimmigrantfamilies.org. Foto: Rubén Tapia.
El gobierno federal argumenta que los cambios que propone son necesarios para que sólo se otorgue la residencia a aquellos que se puedan mantener sin ayuda del gobierno.
En un foro público el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Francis Cissna aclaró que los inmigrantes no deben dejarse llevar por el pánico:
“There should not be a mad rush to unprescribe from all benefits. That is unwarranted,» dijo Cissna. «It’s very clearly laid out what we’re going to look at and what we’re not going to look at.»
(No hay razón alguna para que la gente decida de forma precipitada cancelar todos sus beneficios. Está muy claramente explicado lo que vamos a considerar y lo que no vamos a considerar).
Bajo la propuesta sólo se considerarían beneficios para los que la mayoría de los inmigrantes no son elegibles ya de por sí. Pero el efecto del miedo es real. En los años 90, cuando el gobierno de Clinton prohibió a muchos inmigrantes recibir beneficios públicos, una cuarta parte de los niños con un padre inmigrante fue dada de baja del seguro Medicaid, aunque la mayoría todavía eran elegibles.
Si eso pasa otra vez, cientos de miles de niños en el país podrían quedar desasegurados o sin acceso a suficiente comida, según un análisis de la fundación Kaiser Family Foundation. Socorro y María son prueba de esto, pero no son las únicas. Sarah Díaz trabaja con la Asociación de WIC en California, una organización no lucrativa que promueve el programa de nutrición.
Magdalena Estrada enseña una clase prenatal en la clínica Eisner Health en Los Ángeles. Los administradores de la clínica están preocupados porque algunos pacientes (no las mamás en la foto) no están inscribiéndose para recibir estampillas de comida y Medicaid. Foto: Cortesía de Eisner Health.
“We’ve heard that people have asked to return their WIC vouchers or return their breast pumps and be sort of purged from the computer system entirely”, dice Díaz.
(Hemos escuchado que la gente pide regresar sus cupones de WIC o regresar sus extractores de leche, y que eliminen sus nombres del sistema completamente).
Otras clínicas y agencias que trabajan con familias inmigrantes de bajos recursos tienen reportes similares. Una abuela en San Francisco pidió a una clínica destruir todo el historial médico de sus nietos. Una mamá adolescente canceló el programa de WIC justo antes de dar a luz. Un padre dejó de buscar ayuda para su hijo pequeño con autismo.
Un estudio reciente demostró que en la primera mitad del 2018, un diez por ciento de las familias con mamás inmigrantes recién llegadas cancelaron sus estampillas de comida. Y eso es muy peligroso, dice Page Tomblin, quien trabaja con First 5, una agencia que ayuda a familias con niños pequeños.
“The first 5 years of life are critical for brain development. So when we learn about families not signing up for services, we really worry about the futures of their kids”, señala Tomblin.
(Los primeros cinco años de la vida son cruciales para el desarrollo del cerebro. Así que cuando escuchamos de familias que no se están registrando para recibir servicios, nos preocupamos por el futuro de sus hijos).
Para evitar los cambios, diversas organizaciones de salud y pro inmigrantes, sostienen una campaña nacional para que 100 mil personas escriban al gobierno de Trump señalando cómo los afectaría si se aprueban las nuevas reglas. Carolina Gamero representa la Coalición Para Proteger a las Familias Migrantes, que impulsa esta campaña para entregar comentarios.
“Tantos comentarios que el gobierno tenga que dar una razón de por qué van a moverse adelante con esta regulación sabiendo que hay un impacto tan gigante”, dijo Gamero.
La fecha límite para entregar los comentarios es el 10 de diciembre.
Para la Edición Semanaria de Noticiero Latino, desde Oakland, California, Zaidee Stavely.
