Jóvenes manifestantes cantan durante un mitin en 2017 contra el final del programa DACA, fuera del Edificio Federal de San Francisco. Pero una corte federal de apelaciones dictaminó el 8 de noviembre a favor de mantener DACA en su lugar, rechazando los esfuerzos de la administración Trump para ponerle fin. Foto: CNS / Stephen Lam / Reuters.

De la redacción

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito dictaminó hoy jueves que la administración de Trump no puede terminar con DACA, el programa de Acción Diferida que protege de la deportación a los inmigrantes indocumentados que fueron traídos por sus padres a este país cuando eran niños. El panel se basó en un razonamiento legal defectuoso para intentar terminar el programa de la era de Obama.

Haciéndose eco de otros interdictos dictaminados por distintos tribunales, la decisión de un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito prácticamente negó la legalidad de la orden ejecutiva del presidente Rup para poner fin a DACA, lo que garantiza que el litigio terminará ante La Suprema Corte de Justicia, dice expertos en el tema.

Sin perder tiempo, la administración Trump, que estrena Procurador General interino tras la abrupta renuncia de Jeff Sessions, ha pedido a los jueces que se muevan rápidamente y agreguen el caso al expediente para que se ventile en este término administrativo.

Como se recordará, el programa de DACA fue decretado por la administración Obama en 2012 y actualmente protege de la deportación a cerca de 700 mil beneficiarios, conocidos también como “dacamentados”. Pero epenas comenzando su mandato, Trump se movió para finalizar el programa en 2017, luego de que Texas encabezara a 26 estados que amenazaron con demandar para forzar el fin del programa.

El entonces Procurador Sessions aconsejó al Departamento de Seguridad Nacional en esa oportunidad para poner fin al programa, diciendo que «probablemente es ilegal» y que no podía ser defendido en un tribunal. Fue entonces que varios tribunales de todo el país dictaminaron que el razonamiento de la administración era incorrecto y mantuvieron el programa en su lugar.

De esta suerte, al igual que los otros tribunales el panel de los tres jueces no cuestionó el poder de la administración para acabar con DACA, pero criticó su enfoque. Al respecto, Kim McLane Wardlaw, juez del panel, declaró al periódico Chicago Tribune: «Para ser claros, no creemos que DACA no pueda ser rescindida como un ejercicio de discreción del poder ejecutivo… sólo que el ejecutivo no hizo una elección discrecional para terminar con DACA, sino que actuó basándose en una visión errónea de lo que exigía la ley: la rescisión fue arbitraria y caprichosa según la ley –de inmigración- establecida».
El panel de los tres jueces, todos nominados por presidentes demócratas, dice la fuente, rechazó rotundamente la posición de la administración de que los tribunales carecían del poder para revisar las acciones de inmigración del poder ejecutivo.

“El gobierno de Obama contaba con la potestad para promulgar DACA, porque tenía que elegir cómo dirigir los recursos limitados para deportar a inmigrantes ilegales, y decidió evitar a aquellos que vinieron de niños, que no habían cometido delitos y que eran estudiantes o estaban en el ejército”, escribió Wardlaw, uno de los jueces del panel.

En su escrito Wardlaw comenzó de manera comprensiva y con una historia de una niña traída a este país por sus padres cuando tenía 4 años de edad, quien ahora tienen una próspera práctica legal en San Diego.
«Reconociendo la crueldad y el despilfarro de deportar a jóvenes productivos a países con los que no tienen vínculos, la Secretaria de Seguridad Nacional –entonces Janet Napolitano- anunció una política en 2012 que brindaría un alivio a individuos como García, al tiempo que permitiría que nuestras comunidades continúen beneficiándose de su contribuciones», dijo el juez en su escrito.

Respecto al litigio de la Junta de Regentes de la Universidad de California contra el Departamento de Seguridad Nacional, la decisión del panel de los tres jueces mantiene una demanda del tribunal inferior que permite a los beneficiarios de DACA renovar sus solicitudes.

Según Xavier Becerra, el fiscal general de California, «más de 187 mil personas han recuperado o extendido sus protecciones de DACA como resultado de la orden judicial, y cientos de miles de soñadores adicionales son elegibles para hacerlo».

La lucha se moverá ahora a la Corte Suprema, dicen expeertos, donde con la nominación del juez Bratt Kavanaugh al máximo tribunal inclinaría la balanza hacia el lado de los republicanos, dando la ventaja al presidente Trump. Entre tanto, la jueza Ruth Bader Ginsburg se hallaba hoy hospitalizada mientras se recupera de un accidente sufrido la noche de ayer miércoles en la sede de la Corte Suprema■