Prisión para deudores para niños: niños pobres encarcelados cuando las familias no pueden pagar los honorarios de los tribunales de menores. Foto: Common Dreams.

De la redacción

En un nuevo enfoque de la justicia criminal en California hacia los menores de edad que infringen la ley, el Condado de Los Ángeles aprobó una moción para eliminar el cobro de las cuotas a las familias por la libertad condicional de sus hijos, en lugar de la reclusión en una cárcel u otra institución correccional del condado mientras esperan juicio. Esto pone fin a una práctica condenada por los defensores de la justicia penal como “un impuesto injusto para las minorías”, y un medio ineficaz para rehabilitar a los jóvenes que cometen delitos. Con esta medida se elimina una deuda de 90 millones de dólares para las familias del condado.

Co-autorada por las supervisoras del condado de Los Ángeles, Hilda Solis y Janice Hahn, una moción aprobada por el condado de Los Ángeles ordena al Departamento de Libertad Condicional del condado que deje de aceptar el pago y cancele casi 90 millones de dólares en cuotas de detención de menores evaluadas antes de 2009, cuando el departamento suspendió las nuevas tarifas pero continuó cobrando las antiguas.

«El cobro de tarifas por la detención de menores socava la rehabilitación de los jóvenes y la seguridad pública.. También aumenta innecesariamente la inseguridad financiera de las familias vulnerables», dijo la Supervisora Solís en un comunicado de su oficina.

Agregó: “Como parte de un examen más amplio y transformador de cómo servimos a nuestros residentes involucrados en la justicia, incluida nuestra población de reingreso, el Condado de Los Ángeles está reexaminando nuestro enfoque de la justicia criminal para los menores. La acción de hoy ayuda a las familias y a nuestros jóvenes en detención mientras se preparan a las generaciones futuras para el éxito en lugar del encarcelamiento».

La votación también sigue a una prohibición en todo el estado, que entró en vigencia el 1 de enero para una gama de costos judiciales y honorarios cobrados a los padres y tutores de menores en el sistema de justicia juvenil, dice por su parte Los Angeles Times.

«La cantidad de dinero que realmente estamos recaudando en estas deudas antiguas no es suficiente para cubrir los recursos que gastamos en el seguimiento de estas familias», dijo el Supervisor Hahn. «Es hora de terminar esta práctica de una vez por todas».

De acuerdo con un análisis realizado por el Juvenile Law Center, una firma de abogados de interés público en Filadelfia, casi todos los estados del país permiten que se cobre a los jóvenes o sus familias por los costos de la detención, supervisión o cuidado de los jóvenes mientras están bajo custodia, señala Times.

Pero incluso después de la prohibición de California, muchos condados siguen cobrando el pago de las tarifas previamente evaluadas.

«La legislación estatal ayuda a los jóvenes y las familias que aún no han experimentado multas y cuotas, pero sin este tipo de movimiento a nivel de condado, los menores y sus familias todavía tendrán dificultades», declaró a la fuente Jessica Feierman, directora asociada de Centro de Derecho Juvenil.

La medida se da en medio de un cambio nacional en la mentalidad que prevalece sobre la justicia criminal, con el auge del movimiento Black Lives Matter.

«Esto es en el contexto de la era posterior a Ferguson, donde hay mucha más atención a las multas y a los honorarios en el sistema de justicia penal en general», declaró al Times Jeffrey Selbin, director de la Clínica de Defensa de Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, en una entrevista previa a la votación. La clínica ha estudiado ampliamente el uso de tarifas de menores en California.

Esta moción suspende inmediatamente el cobro y la aceptación de las tarifas de detención juvenil anteriores a 2009, y descarga el saldo de cualquier deuda pendiente contra aproximadamente 52 mil cuentas de infractores, dice el Condado de Los Ángeles, que también notificará a los padres y tutores que deben dejar de hacer dichos pagos.

En 2009, en respuesta a la presión de la Coalición por la Justicia Juvenil y una investigación del Times, el Departamento de Libertad Condicional colocó una moratoria en las tarifas, aunque continuó aceptando pagos en proyectos de ley anteriores a 2009.

Según la fuente, “Las investigaciones muestran que las tarifas de detención juvenil imponen dificultades financieras y tensiones a las familias de bajos ingresos y pesan de manera desproporcionada en los jóvenes negros y latinos que están representados en exceso en el sistema de justicia penal y que a menudo son sentenciados a períodos más largos que los jóvenes blancos”.

La investigación también sugiere que las tarifas pueden aumentar la reincidencia. “Un estudio de más de mil jóvenes en Pensilvania encontró que la cantidad total de multas, tarifas y / o restitución aumentó significativamente la probabilidad de reincidencia dentro de dos años, incluso después de controlar la demografía y las características del caso”, concluye el Times■