Marie Fauvel (izquierda), y Pat Shea (centro), hablan en un mostrador de recepción en Safer Inside, un modelo realista de servicio supervisado para el consumo de drogas. Foto: San Francisco Chronicle.Marie Fauvel (izquierda), y Pat Shea (centro), hablan en un mostrador de recepción en Safer Inside, un modelo realista de servicio supervisado para el consumo de drogas. Foto: San Francisco Chronicle.
De la redacción
A pesar de que la sobredosis de drogas es la principal causa de muerte accidental en California, y de que en 2016 murieran casi 64 mil estadunidenses por sobredosis de drogas, con un sorprendente aumento del 54 por ciento en comparación con 2012, el gobernador de California acaba de vetar el Proyecto de Ley AB 186, de la Asamblea estatal.
Estos sitios se han integrado con éxito ya en docenas de comunidades en Europa, Australia y Canadá; y “permiten que las personas consuman drogas bajo la supervisión de personal capacitado, al tiempo que vinculan a los usuarios de las drogas con el tratamiento médico adecuado, la vivienda y otros servicios”, dice en un comunicado la Alianza para las Políticas de las Drogas, DPA.
Laura Thomas, Directora Interina Estatal de la DPA desaprueba el veto de Brown: «Me sorprende que el gobernador le haya dado la espalda a la ciencia y a los expertos, y que en su lugar haya usado una ideología anticuada de la guerra contra las drogas para justificar su veto», dijo.
Thomas se pregunta también: “¿Cuántas personas tienen que morir antes de que el gobernador Brown esté dispuesto a escuchar la ciencia, la evidencia y la experiencia? ¿Cuántas familias tienen que perder a un ser querido?”.
Entre tanto, las organizaciones que buscan soluciones efectivas para detener la mortandad por sobredosis están generando no obstante un amplio apoyo para establecer cada vez más servicios de consumo supervisados en todo el estado y en todo Estados Unidos.
En San Francisco, por ejemplo, “la alcalde y la Junta de Supervisores, más los oficiales electos encargados de hacer cumplir la ley, el Sheriff y el Fiscal del Distrito apoyaron la AB 186”, que fue aprobada también por la Asamblea y el Senado de California a principios de este año. “Este es un revés decepcionante, pero sabemos que es una batalla que se puede ganar”, dice Thomas en el comunicado de DPA.
La sobredosis de drogas mata a más personas que los accidentes automovilísticos; y es la principal causa de muerte para las personas menores de 50 años en Estados Unidos. Las razones principales son dos: las drogas que circulan son más letales, como el fentanilo, causante principal de la tragedia actual, y la cantidad de gente que las consume ha aumentado.
Sin embargo los opioides, están entre los analgésicos que más se recetan en el mundo y que se pueden surtir incluso en el mostrador de su farmacia favorita. En 2016, un récord de 11.5 millones de personas en Estados Unidos utilizaron mal los opioides recetados. Y en 2017, más de 72 mil personas murieron por esta causa, rompiendo así el record mundial, dice el Centro para el Control de las Enfermedades (CDC), citado por la BBC de Londres.
Entre tanto, la administración Trump desata una guerra sin cuartel contra el consumo y posesión de la mariguana, que tiene floreciendo, entre otras, a la industria de las prisiones, con una población desproporcionada de reos de las minorías o gente de color (léase: negros y latinos), cuando estadísticamente éstos no violan la ley en este rubro muchos más que la población blanca según muestran diversos estudios.
Un estudio realizado por la Unión de Libertades Civiles (ACLU) y la DPA en 2016, descubrió que “si bien las personas blancas consumen mariguana a tasas similares a las de los negros, y más que los latinos, las comunidades de color tienen más probabilidades de ser atacadas por la policía, en infracciones de posesión de marihuana en bajas cantidades”. En 2010, por ejemplo, las personas negras tenían 3.73 veces más probabilidades de ser arrestadas por posesión de marihuana que las personas blancas en todo el país.
La Casa Blanca ha reunido en secreto un comité de agencias federales de todo el gobierno para combatir el apoyo público a la marihuana y emitir las medidas de legalización del estado bajo una luz negativa, mientras intenta presentar la droga como una amenaza nacional, según entrevistas con el personal de la agencia y documentos obtenido por BuzzFeed News.
Y no obstante hay buenas noticias al respecto en California. El gobernador Brown firmó también un proyecto de ley para simplificar el proceso de eliminación de antecedentes a individuos con condenas anteriores por mariguana, al exigirle al estado que reduzca o elimine automáticamente todos los cargos relacionados con la yerba. La Legislatura de California aprobó el proyecto de ley AB 1793, por una mayoría abrumadora a principios de este año.
«Esto es transformador», dijo Rodney Holcombe, abogado de personal de la Oficina de Asuntos Legales de Drug Policy Alliance (DPA), en un artículo reciente en el USA Today, «Esto dará poder a las personas. Mi corazón está con [aquellos] que han tenido que navegar este proceso por su cuenta. Es confuso, caro y agotador». Aseguró. La nueva ley entrará en vigor el 1 de enero de 2019.
Y mientras esto sucede, a pesar del veto del gobernador Brown se ha registrado un amplio apoyo en California para abrir los primeros servicios supervisados de la nación, para el consumo de drogas. En San Francisco, la alcalde de esa ciudad, London Nicole Breed, y la Junta de Supervisores, además de los oficiales de la ejecución de la ley, el Alguacil y el Fiscal del Distrito, apoyaron a la AB 186.
Además, grupos que van desde la Cámara de Comercio de San Francisco y SF Travel hasta la Fundación del SIDA de San Francisco, la Fundación St. Anthony’s, y la Fundación Glide apoyan la apertura de tales servicios. El apoyo público encuestado arrojó también opiniones positivas hacia estos servicios supervisados en un 66 por ciento a principios de este año. Y la alcalde Breed ha dicho que ella seguirá adelante con la apertura de estos servicios, sostiene DPA
Andrew Reynolds, Gerente de Reducción de Daño y Hepatitis C, de la organización Project Inform, declaró estar “increíblemente decepcionado” con la decisión del gobernador Brown de vetar la AB 186. “El veto y el lenguaje estigmatizante que usa en su explicación para justificar su decisión, representan un enfoque arcaico y fallido del uso de drogas, que se remonta a los fundamentos de Richard Nixon, para iniciar la Guerra contra las Drogas”, dijo en la página web de DPA.
Y concluyó afirmando que lejos de «esclavizar» o «habilitar» el uso de drogas, los sitios de prevención de sobredosis “son intervenciones probadas, basadas en la evidencia científica, que salvan vidas, previenen el VIH y las infecciones por VHC”. Además, “crean oportunidades para la atención médica y los servicios sociales. La gente morirá y los californianos sufrirán por su decisión», de Brown■
