La Clínica de la Raza en Oakland tiene 47 años atendiendo a los más necesitados.
El gobierno de Trump quiere cambiar las reglas para considerar ‘carga pública’ a todos los (inmigrantes) que hayan usado el seguro de salud Medicaid, estampillas de comida, ayuda para pagar la renta, y otros beneficios. Dichas propuestas, que antes pasarán a escrutinio público, son rechazadas por parte de la comunidad médica y activistas pro inmigrantes. Advierten que de convertirse en ley, ésta no sólo reduciría el número de personas que serían elegibles para obtener una visa y residencia permanente, sino que además afectaría la salud de niños, adultos y público en general. Desde San Francisco, California reporta Zaidee Stavely.
La clínica de la Raza en Oakland, California, tiene casi 50 años atiendo a pacientes, sin importar que tengan seguro médico o no.
Se escucha sonido del interior de una sala de espera…
Los recepcionistas ayudan a la gente a inscribirse en programas como el seguro de Medicaid, llamado Medi-Cal en California, o en programas de asistencia para las mamás de recién nacidos. Pero cuando se comenzó a hablar de los cambios a la definición de ‘carga publica’ propuestos por el gobierno de Trump,
“Vimos inmediatamente el impacto en nuestras familias, que no querían asegurarse con el Medicaid; no querían asistencia con la comida, con la nutrición”, dijo Jane García.
García es la directora ejecutiva de la Clínica de la Raza, que es parte de una amplia gama de médicos y expertos en la salud y el bienestar de los niños que consideran que, de convertirse en ley, los cambios propuestos tendrían graves consecuencias para la salud de toda la población.
Familias caminan por el barrio de Fruitvale, donde se encuentra la Clínica de la Raza.
“Nuestras familias se van a esperar hasta el último momento hasta que estén bien enfermos y se van a presentar en las salas de emergencia, que es quizá la opción más cara para nuestras familias”
El Departamento de Seguridad Interna (DHS) argumenta que limitando el acceso a los beneficios para los inmigrantes, protegen los recursos de los que pagan impuestos. García no está de acuerdo y asegura que además de aumentar los costos médicos, también disminuirá los recursos para las clínicas comunitarias, como la Clínica de la Raza.
“Sin tener el pago de MediCal va a ser un impacto bien grande. Tenemos bastantes familias que dependen del Medi Cal”
Sube el volumen del sonido ambiente…
En el Centro de Recursos para los Centroamericanos, o CARECEN en San Francisco, los teléfonos han estado sonando sin parar.
Stephanie Chiquillo es una terapeuta que trabaja allí:
“Muchas llamadas, muchas preguntas. Mucho miedo de que los que sí reciben –beneficios- ahorita que lo van a quitar, y que no van a poder cuidar a sus familias… También tienen mucho miedo de que no van a poder ajustar su estatus”
El miedo es aún más fuerte porque circula mucha información falsa: al principio se decía que el cambio afectaría también a los que buscan la ciudadanía, o a los que solicitan ayuda para sus hijos ciudadanos. Nada de eso es cierto, resalta Lariza Dugan-Cuadra, directora de CARECEN en el Norte de California:
“Era tan amplio y tan confuso entonces que creo que la comunidad está asociando la idea de carga pública con todo. Yo creo que suena como que “si eres inmigrante, eres una carga pública. Ese es el discurso que se escucha”
Lariza Dugan-Cuadra, directora de CARECEN en el Norte de California.
Dugan-Cuadra dice además que la propuesta como está ahora no incluye el seguro médico Medicaid de emergencia, ni los almuerzos escolares gratuitos. No serían afectados los refugiados, los sobrevivientes de la trata humana, la violencia doméstica u otros crímenes graves; ni los que tienen visas especiales para los jóvenes inmigrantes. Dugan-Cuadra y García tienen un mismo mensaje para los inmigrantes: los cambios propuestos todavía no son ley.
“No hay nada que los prohíba a participar. No creas en el discurso de odio”, señala Dugan-Cuadra.
“No se asusten. No paren de usar su Medi-Cal. Todavía les pertenece”, afirma García.
Ambas recalcan que cuando se publique la propuesta habrá un periodo de dos meses para comentarios. Y sus organizaciones y muchas otras en el país están luchando para cambiarla.
Para la Edición Semanaria del Noticiero Latino, desde San Francisco, California, Guion y Foto de Zaidee Stavely.
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