De la redacción

Fiscales federales emitieron extensas citaciones exigiendo que los datos de millones de registros electorales de Carolina del Norte sean entregados a las autoridades de Inmigración para cotejar su legitimidad antes del 25 de septiembre. Hasta el momento, la junta estatal de elecciones ha enviado ya citatorios a 44 condados en Carolina del Norte. Hay quienes piensan que se trata de una treta del gobierno federal para suprimir el voto de las minorías.

Como se recordará, cuando feneció la desprestigiada comisión contra el fraude, presidida entonces por el Vice Presidente Mike Pence y el Secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, ésta transfirió su trabajo a al Departamento de Seguridad Interna (DHS), quien a su vez turnó la tarea a la rama investigativa de ICE (HSI).

De esta suerte, el 27 de agosto un gran giró un citatorio contra 19 ciudadanos no blancos señalados de cometer fraude electoral al votar ilegalmente sin ser ciudadanos en las elecciones de 2016.

HSI afirma en su sitio web que además otro ciudadano estadunidense “fue acusado de ayudar a un extranjero a reclamar falsamente la ciudadanía de los EE. UU. Para registrarse para votar”. Las acusaciones continúan una investigación del DHS ordenada a HSI, que es parte de una Fuerza de Tarea sobre Fraude de Documentos y Beneficios (DBFTF), recientemente creada en el Distrito Este de Carolina del Norte, dice la agencia federal.

Vale anotar que “Carolina del Norte ha tenido más de estas controversias que la mayoría de los estados”. En 2016, un tribunal federal de apelaciones anuló una ley estatal de identificación de votantes escrita por republicanos de Carolina del Norte, diciendo que estaba dirigida a votantes afroamericanos «con una precisión casi quirúrgica».

Por tanto, dice The New York Times, el día de las elecciones de este año los votantes considerarán un enmienda constitucional respaldada por los republicanos que requeriría que los votantes muestren una identificación con foto oficial en las urnas a la hora de votar.

El asunto es grave, porque a dos meses de las elecciones de noviembre la medida apunta a “sembrar caos en las máquinas de votación del estado”, e intenta renovar las acusaciones del gobierno de Trump repetidamente desechadas, acerca de “una –supuesta- votación generalizada de inmigrantes indocumentados”.

La existencia del referido citatorio a las juntas electorales se hizo público gracias a un tuit del abogado de derechos electorales, Marc E. Elias, alineado con el Partido Demócrata.

El presidente Trump aprovechó la ocasión y calificó de nuevo al sistema de votación estadunidense como «fraudulento», y revivió su eslogan de campaña sobre el presunto fraude que millones de inmigrantes, incluidos muchos indocumentados que «han estado votando ilegalmente». Pero desde luego ni Trump ni los acusadores han mostrado la más mínima prueba.

La fuente señala que Allison Riggs, abogada de la Coalición del Sur para la Justicia Social, se preguntó si estas citaciones “¿no formaban parte del próximo capítulo que el Sr. Kobach?” y agregó que se trata de “una expedición de pesca que retoma -el proyecto de Kobach- donde se detuvo”.

Los riesgos de comenzar una investigación exhaustiva sobre el fraude electoral tan cerca de una elección tan crucial como esta, dicen los críticos de la medida, “podría deprimir la participación, no sólo de los inmigrantes naturalizados que pueden votar legalmente sino también de otros grupos que pueden desconfiar del gobierno”.

Muchas de las 19 personas acusadas el mes pasado «no eran blancas», dice el Times, y varias de ellas habían dicho en entrevistas que “no sabían que no tenían derecho a votar”. Además, muchos de los 44 condados que recibieron citaciones “tienen poblaciones que son desproporcionadamente pobres y de la raza negra”.

Los casos de votación ilegal, incluidos los votos de no ciudadanos, “son raros y es poco común que los fiscales federales los persigan”. Los cargos anunciados la semana pasada “no involucran ningún tipo de conspiración para robar una elección”. Por lo contrario, dice The Huffington Post, las acusaciones presentadas el viernes “subrayan cómo la confusión sobre el registro de votantes puede ser procesada como una conducta ilegal, incluso si no está claro si los acusados entendieron que habían cometido un delito”■