Votantes en elecciones primarias. Foto: www.uspressfrom.com.

De la redacción

El estado de Arizona está violando la Ley Nacional de Registro de Votantes poniendo a más de 500 mil electores en riesgo de ser privados de ejercer su derecho a votar, dice la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU. En repetidas ocasiones la unión de libertades advirtió al estado de Arizona que está violando la ley electoral, y sin embargo ésta no ha tomado las medidas precautorias para proteger a los votantes.

Tras nueve meses de haber notificado por primera vez a la oficina de la secretaria de Estado de Arizona, Michele Reagan, sobre importantes violaciones a los derechos electorales federales, ACLU presentó una demanda donde le pide al tribunal federal que ordene a Arizona mantener actualizadas las direcciones de registro de los votantes.

“Para garantizar que las papeletas de los votantes afectados cuenten en las elecciones generales de 2018, también solicitamos al tribunal que instruya al secretario de Estado para que cuente los votos emitidos por los votantes afectados y envíe un correo a todos los votantes afectados informándoles sobre cómo corregir su dirección de registro y localizar la ubicación del sitio de votación”.

ACLU sostiene que el secretario de Estado indicó que “más de medio millón de votantes podrían requerir que se actualicen sus direcciones”, para poder votar.

Pero según la Ley Nacional de Registro de Votantes el gobierno federal debe exigir a los estados que den a las personas oportunidad de registrarse para votar. Y que cada vez que los votantes actualicen su dirección a través de una agencia de vehículos motorizados, su dirección de registro de votantes también debe actualizarse simultáneamente, a menos que se opte por no participar.

Como hemos dicho ya, en ocasiones esta información se comparte con Inmigración y Aduanas violando protocolos de seguridad personal. Tal es el caso de Maru Mora Villalpando, una activista de derechos de los inmigrantes indocumentados presos en el centro el Centro de Detención del Noroeste, en el estado de Washington, que hemos documentado oportunamente en este espacio.

Sin embargo, Arizona no está actualizando simultáneamente, dice la ACLU. Esto significa que miles de votantes deben dar el paso adicional para actualizar su propia dirección de registro de votantes, o arriesgarse a perder el derecho a votar.

Las consecuencias podrían ser especialmente graves para los afectados, dado que casi el 70 por ciento de los arizonenses cambiaron su dirección residencial entre 2000 y 2010, la segunda tasa de cambios de dirección más alta de cualquier estado.

El efecto podría repercutir también en lo electoral, considerando que en 2016 el número de votantes despojados de su derecho a votar sería muy alto en el padrón electoral, de por sí disminuido por el tema del cambio de dirección. Ahí, el 35 por ciento de los votantes registrados de Arizona era entonces de republicanos, el 34% no estaba afiliado a ningún partido político y el 30% fueron demócratas registrados. Un puñado -menor del 1 por ciento- se registró con el Partido Verde o Libertario. En este sentido

El hecho de que el estado no actualice las direcciones podría desencadenar una serie de eventos negativos para los votantes, que llevarían a la privación del derecho al voto. Porque cuando alguien se muda, dice la demanda de ACLU, “se le exige votar en la ubicación de votación para su nueva dirección. Pero los votantes de Arizona cuya dirección de registro no ha sido actualizada por el secretario de Estado no recibirán correos que los ayuden a identificar su nuevo lugar de votación”.

Estos votantes “ni siquiera tienen la opción de emitir un voto provisional que se contará, ya que la ley del estado de Arizona no les permite votar en esa circunstancia específica”. Arizona consistentemente tiene la mayor cantidad de boletas provisionales en cada elección, dice la ACLU. En las elecciones de 2008, 14 mil 885 de las papeletas de los distritos electorales no se contaron, lo que constituye el 0.6% del total de votos emitidos. En las elecciones de 2012, 10 mil 979 boletas fueron emitidas fuera del distrito electoral y, por lo tanto, no contadas, lo que constituyó el 0.5 por ciento de todas las boletas emitidas.

“Para los votantes que optan por recibir su boleta por correo, las consecuencias de que el secretario de estado no actualice su dirección también son graves”, insiste ACLU. En 2016, sostiene, “aproximadamente el 75 por ciento de los votos emitidos en Arizona fueron papeletas recibidas por correo. Si alguien que vota por correo se muda y su dirección de registro no se actualiza, no recibirá su boleta”. Muchos votantes no se dan cuenta de que su boleta no ha llegado hasta que es demasiado tarde para solicitar que se envíe a su nueva dirección.

Los votantes que no reciben su boleta por correo y no pueden votar en persona debido a discapacidades, horarios de empleo, desafíos de transporte o responsabilidades de cuidado, dice la ACLU, “están privados de sus derechos”.

El derecho a votar para cientos de miles de personas en Arizona está en juego.