De la redacción

Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles y Charlie Beck, jefe del Departamento de Policía, platican con una residente de esa ciudad. ambos sostienen que los reportes de agresión sexual y violencia doméstica entre la población latina han disminuido este año, debido a un clima de temor que afecta a la población inmigrante de la ciudad. Foto: Michael Owen Baker / Los Angeles Times.

El juez federal de distrito en Los Ángeles, California, Manuel Real emitió una prohibición permanente a nivel nacional para que el Departamento de Justicia no favorezca sólo a las corporaciones policiales que están dispuestas a cooperar con los agentes de Inmigración cuando reparte anualmente -como marca la ley-, decenas de millones de dólares en fondos federales a las entidades federativas.

Con esto “Real dio un revés legal a la administración Trump en su agresiva campaña para tomar medidas enérgicas contra la inmigración ‘ilegal’”, y obliga a respetar la ley “a los funcionarios encargados de hacerla cumplir”, reporta Los Ángeles Times.
«Esta es una victoria completa… Otro puñal más clavado en el corazón de los esfuerzos de la administración por usar los fondos federales como arma para hacer que las jurisdicciones locales sean cómplices en sus políticas civiles de aplicación de la ley de inmigración», dijo a la fuente Mike Feuer, abogado de la Ciudad de Los Ángeles, quien desafió las nuevas reglas –de Trump- en la corte federal el año pasado.

Un portavoz del Departamento de Justicia criticó la decisión de Real, de «demasiado amplia e inconsistente con el estado de derecho». El gobierno tiene el derecho, dijo, “de dar preferencia a los departamentos que colaboraron en la aplicación de la ley de inmigración”.

Y es que por años los departamentos de policía del país han buscado fondos para fortalecer sus programas policiales comunitarios, para mejorar las relaciones con la comunidad, enfocados en mejorar la confianza y estrechar lazos con los pobladores de los vecindarios que patrullan, “en lugar de ejecutar la ‘ley y el orden’ tradicional”.

El alcalde Eric Garcetti y el Jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LPD), Charlie Beck, sometieron una demanda en septiembre, dice el Times, denunciando que el Fiscal General de la nación, Jeff Sessions “había excedido su autoridad y cruzado las líneas constitucionales cuando el Departamento de Justicia cambió la forma en que juzgaba las solicitudes de las agencias de policía locales para el programa de Servicios de Policía Orientado a la Comunidad”. En esa ocasión el LAPD habría solicitado financiamiento que le fue denegado.

Hasta antes de la llegada de Trump y de Sessions al poder, Los Ángeles recibía regularmente fondos federales para el LAPD. En 2016 recibió una partida presupuestaria de 3 millones 125 mil dólares y en antes había recibido 16.8 millones.

“El LAPD generalmente usa el dinero para agregar oficiales a su programa de Alianza de Seguridad Comunitaria. En lugar de centrarse en las detenciones, los oficiales del programa asumen tareas de entrenamiento de equipos deportivos y programas de tutoría para líderes comunitarios”, afirma el LA Times.

La estrategia, dice la policía, ha valido la pena: “El crimen violento disminuyó en más de un 50 por ciento, y las detenciones se redujeron a la mitad durante los primeros tres años del programa en tres urbanizaciones de vivienda de Watts”, dijeron las autoridades. La policía también acredita el programa por «un período de tres años sin homicidio en Jordan Downs, uno de los desarrollos urbanos de la ciudad».

El año pasado, sin embargo, “Sessions implementó un cambio en la forma como se calificarían las solicitudes para la subvención: se otorgarían puntos adicionales a los departamentos de policía que ayudaron a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a identificar y detener a los reclusos que se cree están en el país ilegalmente”.

Pero el juez Real descubrió que vincular fondos a la cooperación con ICE era «un intento inadecuado» de obligar a la policía local a participar en la aplicación de la ley de Inmigración, que es el trabajo del gobierno federal, dijo el magistrado. La medida, escribió Real, «trastornó el equilibrio constitucional entre el poder estatal y federal al exigir a las autoridades policiales estatales y locales que se asocien con las autoridades federales».

El juez dijo además que las reglas también «violan la autoridad otorgada al Congreso para controlar los gastos del gobierno».

Como resultado, Los Ángeles y otras ciudades que se negaron a cumplir con los requisitos de financiación se vieron en desventaja y volverían a tener desventaja en los próximos años, concluyó Real. El remedio, dijo, fue “emitir una orden judicial permanente contra el Departamento de Justicia que prohíbe otorgar una ventaja a los departamentos que cooperan con ICE».
Y remató: “La administración Trump ha sido hostil con la ley, con nuestra Constitución, con los inmigrantes y, lo más importante, con la seguridad pública».

Garcetti elogió la decisión: «Hoy, el tribunal dijo alto y claro lo que hemos dicho alto y claro: hay que dejar de politizar la seguridad pública”, reportó la fuente■