De la redacción
Ciudades se levantan en contra de las políticas migratorias del gobierno federal. Foto: All New Pipeline.
Los Estados amici han recibido subvenciones del programa Byrne-JAG, en virtud las subvenciones que otorga a estados y ciudades desde 1968, en respaldo a una amplia gama de programas esenciales de aplicación de la ley adaptados a las necesidades locales, como vigilar y reducir la agresión sexual, el maltrato a personas mayores, la violencia con armas de fuego, la reincidencia y la drogadicción. El Congreso diseñó Byrne-JAG para brindarles a los estados y localidades una fuente confiable de fondos federales, al tiempo que les brinda la máxima flexibilidad para decidir cómo usar los fondos, de acuerdo con la política de aplicación de la ley estatal y local.
Las políticas de la administración federal -particular, pero no exclusivamente- en cuanto a la inmigración, han creado un clima similar al de un estado policiaco, donde hasta las propias fuerzas del orden no escapan a la persecución del gobierno. Como en la Alemania nazi, con la Gestapo, o en el mejor estilo de la tristemente célebre KGB de Rusia, de lazos tan estrechos hoy con el gobierno de Trump.
Esto parece constatarlo la demanda del Procurador General de Nueva York, Eric Schneiderman, quien encabeza una nueva acción legal para proteger a los departamentos de policía, a las ciudades y localidades de los recortes de fondos federales a medida que la actual administración federal busca castigar a las jurisdicciones «Santuario».
Encabezando a 16 Fiscales General el Procurador estatal de Nueva York, Eric Scneiderman sometió un interdicto legal en el caso “City of Chicago v. Sessions”, oponiéndose a las nuevas condiciones de la administración Trump, porque contravienen la Ley Byrne-JAG, que garantiza el financiamiento federal a los estados, dice un comunicado de la Fiscalía General de Nueva York.
Y es que el Departamento federal de Justicia envió recientemente cartas a 23 jurisdicciones, incluidas las ciudades de Nueva York y Albany, amenazándolas con perder su financiamiento provisto a través del programa Byrne-JAG. Este programa otorga fondos federales para iniciativas vitales de seguridad pública, incluidos millones de dólares para apoyar los esfuerzos de Nueva York en la contención de la violencia con armas de fuego, y para combatir la epidemia de opioides. Nada más en 2016 unas 64 mil personas murieron a causa de sobredosis de opioides.
El mayor aumento por esta causa se produjo entre las muertes relacionadas con el medicamento fentanilo y otros análogos del fentanilo (opioides sintéticos), según el Instituto Nacional para el Abuso de las Drogas (NIH). Declaraciones del presidente Trump en su discurso del Estado de la Nación de este martes atribuyeron dicho fgatal flagelo al ‘mercado negro’ de estupefacientes. Sin embargo, la industria farmacéutica, entre las más lucrativas del país -y eventualmente del mundo-, por encima de la industria del petróleo, sigue intacta y sin ser señalada como una de las causas posibles de dicha epidemia mortal.
En el escrito amicus presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, en el caso “City of Chicago v. Sessions”, los fiscales generales argumentan que “las condiciones de la administración Trump en la concesión de fondos federales interfieren con el derecho de los estados y las localidades a establecer sus propias políticas de aplicación de la ley”, y agrega que el Departamento de Justicia carece de la autoridad para imponer estas nuevas condiciones.
De esta suerte, «La administración de Trump no tiene la autoridad para transformar unilateralmente a la policía estatal y local en agentes federales de inmigración, y no pueden castigar a una localidad simplemente porque no cumpla con su deseo», dice el coreferido comuicado:
«En las ciudades de Nueva York, las autoridades locales han demostrado que la protección de la seguridad pública va de la mano con la construcción de la confianza de las comunidades de inmigrantes. Los fiscales generales continuarán luchando contra las draconianas políticas de inmigración de la administración Trump, que amenazan nuestras comunidades y nuestra seguridad».
En el año fiscal 2016 Nueva York y sus localidades recibieron casi 15 millones de dólares en fondos federales a través del programa Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (Byrne-JAG). Mientras que los fondos Byrne-JAG para el año fiscal 2017, de aproximadamente 14.5 millones de dólares permanece actualmente congelados debido al litigio pendiente.
La administración Trump ha señalado a la ciudad de Nueva York por violar presuntamente las condiciones de las subvenciones relacionadas con la inmigración, poniendo en riesgo los fondos de la ciudad a pesar de que la subvención lleva el nombre del oficial del Departamente de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), Edward Byrne, que murió mientras cumplía con su deber cuando protegía comunidades de suciudad, sostiene el fiscal Schneiderman.
El año pasado, Schneiderman publicó una guía legal para apoyar a los gobiernos locales y a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en la protección de las comunidades de inmigrantes vulnerables■
