Cuando el actual presidente de México era gobernador del estado de México, más de 200 personas fueron arrestadas en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco. Según denuncias,al menos 11 mujeres fueron violadas durante los operativos policiacos. Unarepresentante de las mujeres confrontó al gobierno mexicano en una audienciarealizada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, D.C. Durante la audiencia, el gobierno de México ofreció un acuerdo amistoso para resolver este caso, pero fue rechazado por las mujeres agredidas. Raúl Silva nos ofrece detalles de esta denuncia internacional.

Bárbara Italia Méndez ofrece su testimonio en Washington, DC, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

«Ellos comenzaron a decir frases obscenas sobre mi cuerpo, sobre mi condición de mujer; me dijeron que eso me estaba ocurriendo porque yo no me había quedado enmi casa. Yo tenía mucho miedo, me repetían ellos muchas veces que me iban a asesinar, que me matarían, y comenzaron a meter sus dedos dentro de mi cavidad vaginal, a pellizcar mis pezones, a morderme…»

El 3 y 4 de mayo de 2006 un amplio operativo policiaco realizado contra el Frente de Pueblos en Defensa dela Tierra, de San Salvador Atenco, Estado de México, provocó la muerte de dos personas; allanamientos ilegales, violaciones a los derechos humanos y agresiones sexuales contra las mujeres detenidas.

En febrero de 2009, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia determinaron que existieron graves violaciones a los derechos humanos durante el operativo:

           «Hubo violaciones graves a los derechos fundamentales por los ataques sexuales a las mujeres… A mí me parece que sí se cometieron violaciones graves a los derechos fundamentales… Se trata de técnicas de control de masas utilizadas en las guerras sucias»

Sin embargo, la Suprema Corte también determinó que no había elementos para procesar al entonces gobernadordel Estado de México, Enrique Peña Nieto, ni a los altos mandos de las policías federal, estatal y municipal.

Durante su campaña por la presidencia, Enrique Peña Nieto reconoció su responsabilidad en el caso Atenco, durante una visita a la Universidad Iberoamericana, lo que daría origen al movimiento estudiantil #Yo soy 132:

«Fue una acción determinada, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz, en legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública», declaró el ahora mandatario.

Durante la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el gobierno de México, en voz de Lía Limón, subsecretaria de la Secretaría de Gobernación, propuso resolver este caso con una solución amistosa:

            «El Estado mexicano desea manifestar su profunda solidaridad con las víctimas, a partir del reconocimiento de que se violaron sus derechos humanos, y expresamos nuestra voluntad para que se logre la reparación integral; y ofrecemos una disculpa pública por los excesos cometidos por las fuerzas del orden», dijo la funcionaria.

En representación de las onces mujeres mexicanas que solicitaron la intervención de la Comisión Interamericanade Derechos Humanos, Bárbara Italia Méndez respondió a la propuesta del gobierno mexicano:

«Por este medio le compartimos que no vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el estado ha demostrado en estos más de seis años sólo una incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad  y justicia»

Durante su intervención, una representante del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Alejandra Núñez Egilse refirió a las implicaciones que tiene este caso en la vida social y políticade México:

«El tipo de violencia que sufrieron, que fue acompañada en todo momento de calificativos degradantes y humillantes refleja una forma inadmisible, pero cotidiana de ejercer el poder sobre la mujer, y uno de los grandes retos del Estado mexicano para sancionar y erradicar la violencia de género en México»

La Comisión Interamericana evaluará los testimonios de esta audiencia y emitirá su recomendación en las próximas semanas. Esta recomendación podría llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para la Edición Semanaria de Noticiero Latino y desde México, este es un reportaje de Raúl Silva.

Foto: by Tlaloux Eduardo Jiménez Fernández vía Flickr