De la redacción
Inmigrantes organizados bajo la agrupación LUPE protestan en San Antonio, Texas contra la Ley SB$. Foto: San Antonio Current.
En medio de la doble tragedia que viven los inmigrantes indocumentados en Texas, un juez federal en San Antonio emite una suspensión temporal y parcial a la severa Ley SB4, también conocida como ‘Ley Anti Santuario’, que habría entrado en vigor en las próximas 24 horas.
Golpeados doblemente por los devastadores efectos de la mayor catástrofe natural vivida en Texas por lo menos en más de una década, provocada por los destrozos que deja a su paso el huracán Harvey, y por el asedio de las autoridades de Inmigración que infunden temor a los indocumentados aun para solicitar refugio y albergue como el resto de la población, la decisión de un juez en San Antonio viene a darle un respiro aunque sea temporal a los inmigrantes indocumentados en Texas, que como el resto de la población en estos momentos probablemente lo han perdido todo.
La decisión provino ayer miércoles de un a corte de distrito, emitida por el juez Orlando García en San Antonio, que ha sido considerada por algunos como un golpe temporal a la campaña de terror que adelanta el estado de Texas respaldado por el gobierno de Trump para obligar a las autoridades locales encargadas de ejecutar la ley y el orden en ese estado a cooperar con los agentes federales de Inmigración reteniendo a los inmigrantes indocumentados hasta que los agentes federales puedan someterlos bajo su custodia.
En su deposición de 94 páginas el juez Orlando García escribió que “es probable que partes de la ley de Texas sean encontradas inconstitucionales”. De esta suerte, el magistrado sancionó al estado texano “al castigar a los funcionarios locales violando su derecho a la libertad de expresión y obligándolos a detener a los inmigrantes para entregarlos a los agentes federales de Inmigración, un acto que actualmente es voluntario”.
García escribió además que “diversas ciudades –de Texas- habían proporcionado ‘abrumadora’ y ‘amplia’ evidencia de que la cooperación con los agentes de Inmigración ‘erosiona la confianza pública y hace menos seguras a muchas comunidades y sus vecindarios», al tiempo que “perjudica económicamente al estado”. Agunos medios afirman que la implementación de dicha ley costaría al estado de Texas de unos 13 mil millones de dólares en pérdidas.
La decisión del juez García sobrevino luego de una demanda interpuesta en primera instancia por el Fondo México Americano para la Defensa Legal y la Educación, MALDEF, a nombre de la ciudad de San Antonio; además, por la Asociación de Chicanos en Educación Superior de Texas, el Proyecto de Defensa de Trabajadores y La Unión del Pueblo Entero (LUPE). Así mismo, las ciudades de Dallas, Austin, Houston y el pequeño poblado fronterizo de El Cenizo se sumaron a la querella judicial más tarde.
Como es sabido, la SB4 es una controvertida ley promulgada en mayo por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. En esencia, define como su prioridad la eliminación de las ciudades santuario que ofrecen refugio en Texas a los inmigrantes indocumentados perseguidos por el gobierno federal. Castiga a las autoridades locales que se nieguen a cooperar con agentes federales de Inmigración, obligándolos a retener a los indocumentados y entregarlos a los federales, por ejemplo cuando cometen una infracción menor, como no respetar una luz de un semáforo; y dar aviso con suficiente anticipación a los agentes de Inmigración para que los tomen bajo su custodia y eventualmente los deporten.
De no cumplir con estas disposiciones de la referida ley de marras, los funcionarios locales serían sancionados con multas de hasta 25 mil 500 dólares y podrían perder su trabajo. Además, los alguaciles y policías locales con no cumplan con dicha disposición pagarían hasta con un año de cárcel.
Como ya hemos indicado en este mismo espacio, la SB4 estaba pautada para entrar en vigor mañana viernes 1 de septiembre. Pero la decisión del juez García estipula que Texas, hogar de 1.6 millones de inmigrantes indocumentados que como el resto de la población general enfrentan las históricas y catastróficas inundaciones que han dejado ya unas 21 personas muertas hasta el día de ayer por efectos del meteoro Harvey, en estos trágicos momentos que literalmente atraviesan al estado debe frenar importantes partes de la ley aunque sea temporalmente.
Por si fuera poco, la Ley SB4 aterrizaría también en medio de crecientes temores de que el gobierno de Trump termine un programa de la era de Obama, el Dream Act o Ley del Sueño, que ha concedido alivio a casi 800 mil inmigrantes llegados a Estados Unidos cuando niños posponiendo temporalmente su deportación.
La decisión del juez Orlando García, de suspender temporalmente la entrada en vigor de la Ley SB4 se produce “en medio del clamor de distintos dirigentes políticos, como el congresista demócrata por Austin, Eddie Rodríguez, quien había demandado la suspensión temporal de esta polémica ley”, dicen diversos medios de comunicación de alcance nacional.
El gobernador Abbott y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ambos republicanos han dicho que apelarán la decisión del juez García. El Departamento de Justicia, es decir, Jeff Sessions apoya la implementación de la inefable Ley SB4.
El juez Orlando García sostiene no obstante que “Texas ha cumplido voluntariamente con la ley federal de migración y así seguirá haciéndolo”■
