De la redacción
Ciudades se levantan en contra de las políticas migratorias del gobierno federal. Foto: All New Pipeline.
Un movimiento se agita con relativa discreción en el capitolio de 47 de los 50 estados del país, revela un informe dado a conocer este domingo en la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL). Porque los gobiernos estatales se hallan preocupados ante la falta de una auténtica reforma migratoria comprensiva que regule la situación migratoria de los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país, y lo que serán los futuros flujos migratorios con la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.
El gobierno federal sigue alentando leyes cada vez restrictivas y algunas francamente xenófobas y racistas en contra de la inmigración, como la reciente Rise Act (Ley de Reforma de la Inmigración Estadunidense para un Empleo Fuerte), patrocinada por los senadores republicanos Tom Cotton, de Arkansas y David Perdue, de Georgia, que ayer se comentó a fondo en el programa Línea Abierta de Radio Bilingüe.
Dicha propuesta busca entre otras cosas eliminar cientos de miles de visados ¡para la inmigración legal!, y cancelar también la posibilidad de pedir a sus padres, hermanos y a otros familiares, como actualmente lo permite la ley de migración vigente, Y traerlos a este país para obtener la ciudadanos o una residencia legal. Se alega que la Rise Act aumentaría las oportunidades económicas para los estadunidenses de bajos ingresos –léase, blancos-, al reducir la competencia que imponen los extranjeros.
El argumento de que los inmigrantes indocumentados son una pesada carga para la economía del país ha sido desmentido con oportunidad y datos estadísticos contundentes, en estas mismas páginas. El ‘Reporte del Producto Interno Bruto Latino. Cuantificando el Impacto del Crecimiento Económico de los Hispanos de Estados Unidos’, afirma por ejemplo que “si el Producto Interno Bruto de los latinos que residen en EU fuera un país autónomo, sería ¡el séptimo! mayor en todo el mundo”. Mayor que el de India e incluso que el de Italia y Brasil. O que “El PIB de los latinos sería la tercera economía de más rápido crecimiento en el mundo”, etcétera.
Y ahora que el tema de la migración ha ocupado un lugar central en Estados Unidos, un pertinente estudio sobre este tema, ¿What Does Immigration Actually Cost Us? desmiente la falsa idea de que los inmigrantes vienen a este país a apoderarse de los trabajos de los estadunidenses.
Otro estudio también comentado aquí, “De la Lucha a la Resistencia: El Impacto Económico de los Refugiados en América (Estados Unidos)”, sostiene que nada más en 2015 los refugiados ganaron más de 77 mil millones de dólares en ingresos familiares, de los que pagaron al Tío Sam casi 21 mil millones en impuestos. Y es que los inmigrantes indocumentados, para efectos del fisco pagan impuestos como si fueran documentados, no consumen servicios gubernamentales ni reciben beneficios públicos en general. Y así, otros estudios dan muestra también de las grandes contribuciones económicas, culturales y políticas de la inmigración.
Así las cosas, nada más en lo que va de este año legisladores de 47 estados y el Distrito de Columbia han adoptado 328 leyes y resoluciones a favor o en contra de los inmigrantes indocumentados. En el referido informe semestral de la NCSL dichos legisladores “han adoptado entre enero y julio pasados 133 leyes y 195 resoluciones, relacionadas con las ‘ciudades santuario’ o con algún otro aspecto del sistema de Inmigración”, reporta La Opinión de Los Ángeles.
Ha habido un incremento del 90 por ciento, dice, “respecto a las 70 leyes de aprobadas en los primeros seis meses de 2016”, mientras que la cifra de resoluciones registra un aumento del 22%, en comparación con las 159 de ese mismo periodo el año pasado.
Casi la tercera parte de dichas leyes o resoluciones, sostiene la fuente, se refieren entre otras cosas a las finanzas públicas destinadas a diversos aspectos de las leyes de inmigración; por ejemplo, acerca del proceso de integración familiar, para programas de aprendizaje del inglés y cursos de ciudadanía, o para programas de reasentamiento de refugiados. También, sobre asuntos policiales del sistema de inmigración, el combate al ‘fraude migratorio’, las de licencias de conducir y los beneficios públicos; o la verificación del estatus migratorio de los nuevos empleados.
Además, de acuerdo con el referido “Report on 2017 State Immigration Laws”, de la NCSL, nueve proyectos de ley fueron vetados por los gobernadores y otros 18 aguardan firmas para su promulgación. “Sólo Alaska, Massachusetts y Carolina del Norte no tomaron ningún tipo de medidas de inmigración en los primeros seis meses de este año”. Pero la mayoría de las medidas aprobadas tuvieron que ver con las ‘ciudades santuario’, el ingreso de refugiados, y el cobro equitativo de matrículas estudiantiles al margen del estatus migratorio.
Por otro lado, sólo Georgia, Indiana, Mississippi y Texas aprobaron leyes que rechazan las jurisdicciones ‘santuario’, pero el Distrito de Columbia se sumó a la creciente lista de ciudades “santuario” y la legislatura estatal de Illinois aprobó el llamado “Trust Act”, que llegó ya a la antesala del gobernador para su firma.
Y en California, el senador estatal demócrata Kevin de León estudia cómo realizar los cambios a su propuesta de convertir al California en un estado santuario, sugeridos por el gobernador Jerry Brown, quien ha dicho que entonces la firmaría. Pero tanto Los estados de California, como Illinois, Nebraska, y Nueva Jersey adoptaron resoluciones de apoyo a los refugiados, o de rechazo al veto a los inmigrantes musulmanes. “Y Colorado aumentó los fondos para el reasentamiento de refugiados en sus fronteras”, concluye fuente■
