Cynthia Rice de CRLA detalla el acuerdo. Al fondo, Joey Williams de FIK, después Dolores Huerta, Kip Hustace de Maldef y Lydnsi Anderson de GBLA.
Después de casi tres años de litigio y un costo de casi un millón y medio de dólares, el gobierno de las escuelas preparatorias de Kern, al sur del Valle Central de California, acordó pagar indemnización y crear programas para reeducar a profesores, administradores y agentes de seguridad en materia de prejuicios raciales. Esto, como parte del arreglo al que se llegó ante una demanda por los desproporcionados números de estudiantes latinos y negros expulsados o suspendidos de sus escuelas, mismas que en algún momento fueron llamadas, ‘la capital de la expulsión’ en el estado. Nuestro reportero Rubén Tapia ha seguido la historia, y reporta desde Bakersfield California.
Cuando dieron a conocer la noticia del arreglo, en una conferencia de prensa, la legendaria luchadora social, Dolores Huerta destacó el papel que jugaron los padres de familia en esta victoria:
“La primera conferencia que tuvimos fueron 155 padres los que se presentaron”
Estos padres de familia viven en pequeñas y empobrecidas poblaciones rurales y dejan sus energías trabajando en el campo y son en su mayoría mexicanos, y no se intimidaron.
“Fueron los padres de Arvin y Lamont, y también algunos de Bakersfield los que se quejaron de lo que estaba pasado con sus hijos. Les decían que los iban a sacar de la escuela por tres días, y luego esos tres días se volvieron tres semanas, y luego esas semanas se volvieron en seis meses y un año, por razones que no tenían merito”, deplora Dolores Huerta.
“This is a civil rights moment for Kern High School district” (Este es un movimiento de derechos civiles para la preparatoria del Distrito Escolar de Kern)
Cynthia Rice, directora de litigaciones de CRLA (College Reading and Learning Association), destaca uno de los aspectos más relevantes de este pionero acuerdo, que establece que el proceso de cambio será transparente principalmente hacia los padres de familia.
“Requiere que el Distrito mantenga las cifras de expulsiones, suspensiones, transferencias voluntaria e involuntarias de estudiantes, y los reporte a los padres dos veces al año en asambleas comunitarias”, dice Rice.
Además, continúa Rice, el Distrito empleará al Dr. Jeff Spragues y a Rachel Godsil, dos destacados investigadores e intelectuales en el terreno educativo, para que evalúen el cuestionado sistema disciplinario; pero sobre todo, en los próximos tres años, darán capacitación obligatoria a todos los maestros, administradores y personal de seguridad del Distrito.
“Alternativas disciplinarias, prejuicios implícitos, el papel de las emociones en el proceso de aprendizaje y otros temas que de manera integral se orienten a superar las políticas y prácticas que existe de manera desproporcionada, que han impactado a estudiantes latinos y afroamericanos”, señala la directora de CRLA.
Leticia Prado, Linda John y María Oyua Hernández, de la Fundación Dolores Huerta, contentas por la victoria y dicen que estarán vigilantes.
La abogada Lydnsi Andreas, de Grater Bakersfield Legal Assistance, una de las organizaciones participante en la demanda, destacó que se comprometieron a diversificar la contratación de personal y a celebrar de manera oficial, en este distrito de mayoría latina, los meses de la herencia hispana y afroamericana:
“Son eventos muy importantes en estas comunidades, y creo que es importante que los estudiantes aprendan de ellos y los celebren”, dijo la abogada.
“Me alegra, porque esta demanda fue para que los demás niños no pasen lo que pasaron mi hijo y otros niños”, afirma por su parte Virginia Melchor.
Melchor es madre de un joven expulsado que se sumó a la demanda. Su hijo trabaja en el campo por un salario mínimo. A sus 21 años ya es padre de dos niños. No puede ni quiere regresar a la escuela regular.
“Se quedó muy dolido, muy afectado. Él dijo que agarraría un entrenamiento, pero que el estudio, no”
Precisamente se acordó compensar con 5 mil dólares a cada uno de los 14 estudiantes que participaron en la demanda, para que continúen sus estudios. No importa si en este momento ya no asisten a clases, señala Kip Hustace, abogado del Fondo México Americano para la Defensa y la Educación, Maldef.
“El dinero estará disponible durante tres años, que es el término del acuerdo”, sostuvo Hustace.
Cubriría la matricula, costos de los cursos, capacitación técnica y materiales escolares. Todos los cursos técnicos ofrecidos por escuelas públicas serían elegibles. Para que los paguen directamente o reembolsen a los padres, tendrían que presentar al Distrito los recibos para que los revisen y aprueben.
“Las organizaciones legales que forman parte de la demanda asistirán y orientaran a los estudiantes durante el proceso”, informa el abogado.
Ante nuestra solicitud de una entrevista, el Distrito de Escuelas Preparatorias de Kern, nos refirió a su página de internet, donde siguen negando que con sus prácticas disciplinarias hayan violado los derechos civiles de los estudiantes.
Culpan a las organizaciones litigantes por la extensión del proceso y enfatizan que llegaron a un acuerdo para no seguir mal gastando el dinero de los contribuyentes. Tuvieron que pagar los costos de sus abogados por cerca de 800 mil dólares, y 600 mil para los abogados de los demandantes.
Por su parte las organizaciones comunitarias celebran la victoria.
La Fundación Dolores Huerta espera que el ejemplo cunda en los demás distritos del Valle Central, donde se reporta que el 40 por ciento de las escuelas también mantienen prácticas disciplinarias discriminatorias.
Mientras tanto, todos están de acuerdo que esto sólo es el primer paso, señala María Hernández, una madre de familia con hijos en el Distrito de Escuelas Preparatoria Kern, que luchó junto a otros padres de familia para lograr esta victoria.
“Vamos a estar al pendiente; vamos a estar revisando que todo se esté haciendo bien en los Distritos. Porque no sólo es decir que se va a implementar y ¡ya! Lo que tienen que hacer; que sean justos”, concluye Hernández.
