Mientras el gobierno federal dice que comenzará a arrestar a los padres indocumentados acusados de contrabando humano por contratar coyotes o contrabandistas para traer a sus hijos de Centroamérica –principalmente- a Estados Unidos, el miércoles la Corte federal de Apelaciones en San Francisco falló para que los menores que llegaron no acompañados a la frontera de Texas desde 2014 y fueron arrestados por agentes de Inmigración tengan derecho a audiencias ante un juez, que determine si deben permanecer confinados. Algunos de estos niños, a riesgo de contraer enfermedades mentales y en plena desesperación ante la incertidumbre de sus vidas tienen hasta 18 meses en cautiverio.

De la redacción

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito, dictaminó que las autoridades de inmigración deben respetar un acuerdo legal de 1997, que estableció una política para la detención, liberación y tratamiento de menores bajo custodia inmigratoria, reporta hoy The New York Times.

La decisión se basa en un precedente legal, conocido como el acuerdo Flores, por una adolecente que abrió caso original en 1997, en el que una corte federal estipuló que a un niño en procedimiento de deportación se le debe otorgar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración.

Pero el panel del Noveno Circuito no estuvo de acuerdo y dijo que “ninguna ley abolió el requisito de audiencia para que estos menores no acompañados obtengan una fianza” y permanezcan en los hogares de sus padres o familiares mientras les llega su turno de presentarse ante un juez de Inmigración que falle en favor o en contra de otorgarles el asilo político o humanitario que vienen buscando a este país.

La decisión fue aplaudida por los defensores de los inmigrantes, y particularmente de estos niños indocumentados que huyen de la violencia y posible muerte en sus países de origen, principalmente de la zona conocida como el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), y que se hallan detenidos indefinidamente en centros de detención de Inmigración.

Sin embargo, de ser así, dice la fuente, “el fallo podría aumentar la cartera de más de medio millón de casos estancados en las cortes de Inmigración”.

El argumento de la administración Trump sostiene que el Congreso aprobó leyes en 2002 y 2008 que derogaron el referido acuerdo Flores, poniendo fin al derecho de estos menores a una audiencia con fianza y ser colocados con sus padres o familiares que cruzaron antes, posiblemente indocumentados también, para establecerse en Estados Unidos, ganar dinero y posteriormente traer a sus hijos a casa.

En tanto, en febrero el secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly firmó un memorando prometiendo sancionar a las personas que pagan a los contrabandistas para traer a sus hijos a este país, declarando que la agencia a su cargo «tiene la obligación de garantizar que quienes conspiran para violar Nuestras leyes de inmigración no lo hagan con impunidad». Como se recordará, estas declaraciones acaban de ser confirmadas por la agencia federal en días pasados.

En el citado fallo judicial de 40 páginas, donde se toma nota de las pruebas presentadas por los demandantes, que defienden a los menores con el argumento de que durante meses e incluso años permanecen sin audiencias para revisar las bases de la detención, el juez Stephen Reinhardt escribió que «Más bien, los estatutos dejan mucho espacio para que los jueces de Inmigración lleven a cabo audiencias de fianza para estos niños”.

Agregó: «En la ausencia de tales audiencias, estos niños son mantenidos en el limbo burocrático, dejados para confiar en la presunta benevolencia de la agencia y en decisiones opacas”.

El fallo confirmó una decisión del juez de la Corte Federal de Distrito, Dolly M. Gee, en contra de la administración Obama. Se espera que el Departamento de Justicia recurra la decisión, posiblemente a la Corte Suprema de los Estados Unidos, afirma el Times.

Dicha decisión afecta a “menores indocumentados detenidos en Estados Unidos, así como a los menores no acompañados, niños que cruzan la frontera sin sus padres, a menudo huyendo de la pobreza o la violencia en Centroamérica”.

Unos 68 mil 541 menores que inundaron la frontera texana fueron detenidos hace tres años. Pero a partir de la administración Trump y hasta mayo de este año dichas detenciones cayeron 5 mil 445 menores no acompañados que seguían siendo detenidos, según datos del gobierno federal citados por la fuente.

Pero a pesar de que el falo del Noveno Circuito de Apelaciones en San Francisco podría traer algún alivio a los menores en cautiverio por tiempo prolongado y a sus padres, la nueva medida de usar a estos menores para atrapar a sus progenitores indocumentados, dicen expertos. Lo que busca, en cambio, es desanimarlos para que no traigan más a sus hijos a Estados Unidos■