La familia y Eman Ali en el aeropuerto de San Francisco. Foto: Farida Jhbvala Romero.

De la Redacción

Además de las incesantes protestas de multitudes frente a la Casa Blanca, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, y en otras partes de todo el país, contra la orden ejecutiva del presidente Trump contra la inmigración, «ha provocado incluso un enfrentamiento constitucional que podría dejar una marca en la ley del ramo durante generaciones, y parece probable que termine en una decisión histórica de la Corte Suprema»: The New York Times.

El gobierno de Estados Unidos rechazó este domingo la apelación del gobierno de Trump para restablecer la prohibición de entrada a personas de países musulmanes.

El revés sufrido por la Casa Blanca con este fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, contra el decreto presidencial que restringe temporalmente la entrada al país de todos los refugiados –principalmente sirios- y veta el ingreso de ciudadanos de siete países mayormente musulmanes (Siria, Irak, Irán, Yemen, Libia, Somalia y Sudán), por lo pronto eleva la pregunta legal sobre ¿cuánta autoridad constitucional independiente tiene el presidente sobre el tema de la inmigración, y cuánto poder le ha dado el Congreso?, dice por su parte el periódico inglés, The Guardian.

Contra la suspensión al veto presidencial el sábado por la noche Noel Francisco, Procurador General interino de Estados Unidos había defendido vehementemente al gobierno federal asegurando que sólo el presidente tiene autoridad para decidir quién puede ingresar o quedarse en el país, una afirmación que parece invocar una batalla más amplia sobre inmigración “ilegal” a este país formado por inmigrantes de casi todas partes del mundo, según AP.

“El poder de expulsar o excluir a extranjeros es una atribución soberana fundamental, delegada por el Congreso en la rama ejecutiva del gobierno y en gran medida inmune al control judicial”, sostuvo en su oportunidad Noel Francisco.

Porque el gobierno había apelado sin éxito el sábado la negativa a la revocación de unas 60 mil visas, después de que un juez bloqueara el viernes pasado el decreto migratorio de Donald Trump contra los ciudadanos de siete países mayormente musulmanes, argumentando que James L. Robart el juez federal que en Seattle frenó la orden de Trump, se había “extralimitado” en sus funciones “al cuestionar al presidente en un asunto de seguridad nacional”.

Pero en la madrugada de ayer domingo el gobierno rechazó dicha petición. En un comunicado el propio Departamento de Estado declaró: «Revertimos la revocación provisional de visas… Los individuos que tengan visas que no fueron físicamente canceladas pueden viajar ahora si su visa es válida».

Por tanto, los ciudadanos de Siria, Irak, Irán, Yemen, Libia, Somalia y Sudán pueden entrar al país, por lo menos mientras la batalla legal continúa, gracias a la negativa del alto tribunal que puso alto a las aspiraciones de Trump y, según agencias, de su más cercano asesor, Steve Bannon.

No obstante, en su dictamen del domingo la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito pidió tanto al estado de Washington como al gobierno federal que presenten más argumentos hoy lunes por la tarde.

Como era de esperarse el presidente Trump apretó desesperadamente el gatillo de su Tweet, y criticó agriamente o hasta se mofó del juez, James Robart caracterizándolo como “supuesto juez” y a su dictamen de “ridículo”, dos días después de que el magistrado suspendiera la referida apelación de la administración Trump, quien declaró que esto “hace más difícil la seguridad en la frontera de EU”. Incluso Robart asegura que el rechazo de dicha corte “desatará la mayor batalla legal de esta presidencia”, dice The Guardian.

“Si algo pasa, cúlpenlo a él –el juez Robart- y al sistema judicial. La gente entrando… ¡Malo!”, tuitió Trump.

En tanto, los estados que desafiaron este fin de sema a la orden ejecutiva de Trump enfrentan el obstáculo inicial de demostrar que han sufrido el tipo de daño directo y concreto que les da pie para demandar, sostiene por su parte el NYT.

El juez Robart había escrito en su dictamen que «La orden ejecutiva afecta negativamente a los residentes de los estados en las áreas de empleo, educación, negocios, relaciones familiares y libertad para viajar». Y agregó que “los estados se habían visto lastimamdos porque la orden afectó a sus universidades públicas y a sus contribuyentes».

Por su parte, el escrito del Noveno Circuito establece que el gobierno de Trump calificó dichas lesiones declaradas por los estados demandantes de «atenuadas y especulativas».

Y a propósito de afectaciones, en medio de este entuerto judicial, mientras ‘son peras o son manzanas’ trascendió que una niña que había quedado atrapada en el referido veto del presidente Trump a la inmigración, finalmente se pudo reunir con su familia en California después de quedar varada en el camino por la nueva política anunciada abruptamente por esta administración y retadas oportunamente en tribunales.

Eman Ali, una niña de 12 años de edad ciudadana de Yemen, y su padre Ahmed Ali, un ciudadano estadunidense, llegaron a San Francisco ayer domingo. Ella tiene una carta de la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmando que podía abordar el vuelo que la trajo por fin a Estados Unidos, como se afirma en esta nota de Farida Jhabvala Romero* en KQED News.

* Farida Jhabvala Romero es ex colaboradora de Radio Bilingüe