Nestora Salgado. Foto: www.change.org
De La Redacción
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado ya en febrero del año pasado al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de Salgado, en vista del precario estado de salud de la activista en prisión.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de México la liberación de Nestora Salgado, y que le proporcione una ‘‘compensación apropiada’’. En la decisión sobre el fondo del caso de la activista, concluyó que la detención de la coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero fue ‘‘ilegal y arbitraria’’, y que su proceso judicial ha sido ‘‘injusto’’, reporta Prensa Asociada (AP).
El organismo internacional apunta que el arresto efectuado por elementos del Ejército y la Marina de México el 21 de agosto de 2013, y la acusación de secuestro fincada posteriormente por el gobierno mexicano fue ilegal, así como su encarcelamiento. Esto ha aumentado la esperanza entre sus seguidores de que pueda ser liberada.
“Pareciera que la señora Salgado habría sido perseguida debido a su lucha por los derechos de la población indígena, e incluso es un patrón que se ha observado en los últimos años’’, dice en el numeral 42 la resolución del grupo de trabajo, creado en 1991 como mecanismo especial integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Como es sabido, Salgado es una residente del área de Seattle que tras irse en busca de más amplios horizontes a Estados Unidos regresó a su natal México y encabezó una fuerza policial comunitaria legal, la cual realizaba patrullajes para proteger a los habitantes de los cárteles del narcotráfico, que secuestraban, extorsionaban y asesinaban a la población, además de saquear los recursos naturales, como las maderas finas, por citar un ejemplo.
Al saberse la noticia de su arresto, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Seattle llevó su caso ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. Y aunque la determinación del panel de cinco miembros calificó el arresto como arbitrario y por lo general estas resoluciones carecen de obligatoriedad en México, la decisión publicada la semana pasada podría incrementar la presión para su liberación.
En más de dos años de prisión que lleva Salgado, en su mayor parte en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, hasta la fecha ninguna de las presuntas víctimas de secuestro y extorsión por las que fue acusada la líder comunitaria se ha presentado a ratificar sus denuncias.
Ricardo Lagunes Gasca, abogado de derechos humanos que forma parte de la defensa internacional de Salgado, confirmó a la agencia de noticias Efe la resolución del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, compuesto por los referidos cinco expertos independientes.
“El Grupo estudió el expediente y las pruebas ofrecidas por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, que representa a Salgado, detenida por fuerzas militares en agosto de 2013 mientras se desempeñaba como policía comunitaria de Olinalá, en el sureño estado de Guerrero, México”, sostiene Efe.
Para Alejandra Gonza, abogada de Nestora Salgado en Estados Unidos, esta resolución es una ‘‘fuerte condena a tantas injusticias’’ cometidas contra la líder comunitaria a manos del Estado mexicano.
‘‘Estuvimos trabajando más de dos años para demostrar a la ONU que Nestora Salgado está viviendo procesos injustos en un claro caso de criminalización de su liderazgo. México debe ahora liberarla inmediatamente’’, señaló Gonza, también integrante de la Clínica de Derechos Humanos en Seattle, instancia que ha jugado un papel clave en la resolución del grupo de trabajo, dice el periódico mexicano La Jornada.
Lo interesante es que “la resolución del grupo sí es vinculante y obligatoria para el Estado mexicano”, asegura otro de los abogados del caso, Ricardo Lagunes, por lo que el gobierno sí está obligado a atender la solicitud de la ONU, que a la letra pide: ‘‘Tomar las medidas necesarias para remediar la situación, liberando a la señora Salgado y proporcionándole una compensación apropiada’’.
Luego de permanecer presa durante casi dos años en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, y tras llevar a cabo una huelga de hambre de un mes en el verano de 2015, Nestora Salgado pudo ser trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, en la ciudad de México.
Entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó en febrero del año pasado al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de Salgado, en vista del precario estado de salud de la activista en prisión.
La defensa argumenta que de acuerdo con la última reforma constitucional en materia de derechos humanos concretada en 2011, se reconoce que hay pactos de derechos civiles y políticos de los cuales el Estado mexicano forma parte y ha ratificado, por lo que tendría que proceder a la liberación de Nestora Salgado.
La comunidad internacional que ha estado siguiendo el caso de esta líder y que ha permanecido preocupada por su precario estado de salud, además de las injusticias cometidas por parte del Estado Mexicano, se halla vigilante a la espera del desenlace del caso, tras la petición de la ONU para que el gobierno de México libere puntualmente a Nestora Salgado, y seguirá ejerciendo presión política internacional hasta lograr este objetivo■
