Maribel Hastings
America’s Voice, Washington, DC
El presidente Barack Obama puede usar teléfono, pluma y reuniones para convencer a la Cámara baja, de mayoría republicana a que, por ejemplo, debata un proyecto de reforma migratoria, o para lamentar que critiquen su política de deportaciones, que ya sobrepasan los dos millones.
Sin embargo, hay pasos administrativos que pueden tomarse ahora, algunos de los cuales son más complicados que otros y se convierten en rehenes más bien de consideraciones político-partidistas que de impedimentos legales.
El mejor ejemplo es la ampliación de la Acción Diferida o DACA (Acción Diferida para Llegados en la Infancia), que el presidente concedió a los jóvenes indocumentados Dreamers en junio de 2012.
DACA es un mecanismo renovable que protege a los Dreamers de la deportación durante dos años y les concede un permiso de trabajo, pero no provee una vía a la legalización. Es un alivio temporal en tanto el Congreso aprueba una reforma migratoria que llegue a ser ley. Y de hecho, una de sus principales debilidades es ser revocable.
DACA se creó para los Dreamers por tratarse quizá del grupo de indocumentados con más apoyo y simpatías: fueron traídos de niños y, por ende, no ingresaron por voluntad propia al país sin documentos.
La ampliación de DACA es posible para amparar a otros grupos de indocumentados: otros Dreamers que no llenan los actuales requisitos de edad; los padres de los Dreamers; o a los familiares indocumentados de residentes permanentes o de ciudadanos, como pueden ser padres y madres de niños ciudadanos.
Se trata de que el Presidente emplee su poder discrecional para amparar de la deportación a ciertos grupos de inmigrantes sin historial delictivo y con fuertes lazos familiares en Estados Unidos. Pueden ser también los inmigrantes que llenen los criterios de legalización del proyecto S. 744 que aprobó el Senado el 27 de junio de 2013, por ejemplo.
De hecho, hay llamados para que se concedan permisos de trabajo a los millones de indocumentados que llenarían los requisitos del proyecto S. 744, petición posible pero políticamente complicada.
Hay otros mecanismos existentes que pueden suponer un alivio de la deportación a inmigrantes sin historial delictivo si se aplicaran debidamente.
Uno de esos es la discreción procesal para que los recursos destinados a los procesos de deportación se centren en quienes realmente suponen una amenaza a la seguridad pública. Pero la discreción procesal no se aplica uniformemente y por eso las autoridades siguen deportando a inmigrantes sin historial delictivo que llenarían los requisitos de legalización de una reforma migratoria.
Más de 65 por ciento de los deportados en 2013 no tenían historial delictivo o sólo habían sido convictos de un delito menor. En el año 2011, en cualquier momento dado, el 45% de la población de inmigrantes detenidos no tenía antecedentes penales.
Incluso las cifras de deportados se nutren del concepto de “retorno ilegal” aplicado a inmigrantes que reingresan a Estados Unidos tras una deportación y que es cada vez más común para criminalizarlos y justificar su remoción.
Dejar de priorizar a estos individuos que no tienen historial delictivo que no sea su reingreso para estar con sus familias o que no se presentaron a sus audiencias de deportación impulsaría el objetivo de “humanizar” la política de deportaciones, escribió la semana pasada John Sandweg, ex director interino de ICE (Agencia de Inmigración y Aduanas).
¿Eliminarán los departamentos de Seguridad Nacional, y de Justicia los celosos procesos judiciales contra inmigrantes con más de una década de vivir en este país, sin historial delictivo, excepto el que se les crea por reingresar para estar con sus familias tras una deportación mediante cuestionables programas como Comunidades Seguras? La eliminación de este programa sería un buen comienzo.
Por la vía administrativa se pueden además enmendar los requisitos para obtener una dispensa o waiver para que parientes indocumentados de ciudadanos estadunidenses ajusten su estatus sin activar las prohibiciones de los 3 y los 10 años de prohibición de entrada la país establecidas por la reforma migratoria de 1996.
Quienes ingresan sin documentos a Estados Unidos y luego, mediante una relación familiar, buscan legalizarse, deben radicar su solicitud en un consulado de Estados Unidos en el extranjero. Al salir del país activan las prohibiciones, de tres años si llevan más de 180 días viviendo aquí sin papeles, o de 10 años si llevan un año o más.
Aunque el gobierno otorga «dispensas» a ciertos familiares de ciudadanos que prueben que su salida del país y su eventual ausencia por tres o 10 años provocará “daños extremos” a su familia, de todos modos el solicitante debe salir del país y peticionar la dispensa.
Expertos aseguran que los requisitos para demostrar “daño extremo”, que pueden dificultar la obtención de la dispensa o waiver, pueden enmendarse, resultando en que más familias puedan completar los procesos de legalización sin la amenaza de la separación familiar sobre sus cabezas.
La inacción legislativa republicana y la falta de uniformidad administrativa han generado una crisis nacional de deportaciones.
Y en lo que el hacha va y viene a nivel legislativo, existen remedios administrativos para aminorar la crisis.
Aunque los republicanos han intentado limitar la autoridad del presidente de emplear su discreción, la práctica ha demostrado que Obama y su Partido Demócrata se benefician electoralmente de acciones administrativas audaces como ocurrió en 2012 con DACA, que movilizó el voto latino a su favor. Lo contrario puede generar apatía entre los votantes hispanos.
Ante la parálisis legislativa, la audacia debería ser la orden del día.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice
