Marco Vinicio González
Noticiero Latino, Nueva York
Para los lectores y radioescuchas de esta red nacional de emisoras de radio pública en español que es Radio Bilingüe las protestas, arrestos y deportaciones de los inmigrantes indocumentados, de sus familiares y defensores son ‘el pan nuestro de todos los días’. Pero cuando la noticia llega a los canales de cable anglo estadunidenses de cierto prestigio en circuitos liberales, donde cualquiera que sea su alcance se forma opinión, puede querer decir que el asunto se está saliendo de las manos y no se puede ignorar.
Como parte de la ola de intensas movilizaciones por la reforma migratoria en los últimos tiempos, cuyo más dramático rostro es quizás la separación familiar, que por cierto comienza con el arresto y la reclusión arbitraria de inmigrantes indocumentados, arrebatados de sus hijos estadunidenses, este lunes pasado cobró un alto relieve en Alabama con un acto de desobediencia civil levado a cabo para frenar las deportaciones. Un grupo de inmigrantes, algunos indocumentados, se encadenaron a las puertas del Etowah County Detention Center haciendo un llamado a parar las deportaciones y contra las condiciones “inhumanas” dentro de esos centros penitenciarios, en una de las peores condiciones en el país según declaró la organización Detention Watch Network, Red de Vigilancia a Centros de Detención que trabaja con inmigrantes indocumentados. Su directora interina, Sillky Shah, declaró al programa de MelissaHarris-Perry, de MSNBC, que “continuar con las operaciones de dichos centros de detención es inconsistente con los estándares básicos de los derechos humanos”.
La protesta en Etowa, que arrojó un saldo de siete detenidos no es un hecho aislado, pues el mismo día docenas de prisioneros del centro de detención en Tacoma, Washington, elevaron la cantidad de presos en huelga de hambre, que ha ha variado en distintos momentos y por distintas razones dentro de esa prisión.
Detention Watch Network, que lucha por cambiar las condiciones de la detención y se pronuncian en contra de las deportaciones, afirma que las detenciones facilitan la deportación. “Las políticas de deportación están guiadas por la cuota que impone el Congreso a la agencia de Inmigración y Aduanas, ICE, a quien se le pide que debe mantener ocupas 34 mil camas diarias en los centros de detención”, dice Sillky Shah. “Si necesitas detener inmigrantes, necesitas encontrar gente para deportar”.
En el lenguaje de los documentos emanados del comité de apropiaciones del Congreso se establece que se necesita mantener no menos de 34 mil camas. “Para nosotros es nuestra mayor preocupación, eliminar la cuota. Decir: OK, algunos de los peores centros de detención, como el de Etowah County y el de Tacoma, por ejemplo, ¡tienen que cerrar! Y si eliminamos la cuota, ¡tienen que cerrar!”. El pleito se centra pues en el terreno legislativo, no como una reforma integral o a un paquete de leyes, sino simplemente como el cambio a una cláusula importante. Como quitarle una pieza de apoyo a una estructura, para hacerla perder el equilibrio.
Lo que ha quedado claro en la prensa, y que se ha abordado con persistencia en esta emisora es que detrás de dicha cuota hay intereses privados muy poderosos; corporaciones multinacionales que construyen y administran estos centros privados de detención, y que mantienen millonarios e influyentes grupos de cabildeo en el Congreso consiguiendo jugosos contratos con el gobierno a cambio, entre otras cosas, de sustantivas contribuciones de campaña a la clase política estadunidense. De hecho en el proyecto de reforma migratoria del Senado, el S 144, se destina más de 40 mil millones de dólares para medidas de seguridad, y una parte sustantiva del presupuesto para la seguridad fronteriza beneficia más que generosamente a estas corporaciones. Se trata principalmente GEO Inc, el mayor proveedor de centros correccionales en el mundo, cuyas acciones cotizan en la bolsa de Wall Street a 32.44 dólares; y American Correctional Associatin ACA, ambos subcontratados por ICE para encargarse de los detenidos mayormente indocumentados y sin antecedentes criminales, que forman parte de la cadena de los casi dos millones de deportados durante esta administración. “De las más de 250 facilidades o prisiones que usa ICE para detener a los indocumentados, sólo seis son operadas por ICE, que no son necesariamente mejor”, dice Silky Shah.
La también activista afirma que “como el 50% de las camas son operadas por estas compañías privadas, en facilidades como la de Iowa o en las prisiones de los condados, y ninguna es supervisada”, en la forma como son administrados los servicios día a día. “Estas facilidades cometen cotidianamente violaciones a los derechos humanos de los detenidos, como el confinamiento solitario”, que hemos ampliamente documentado en este espacio, tanto de forma escrita como en las ondas hertzianas. “No pueden salir a compartir los pocos minutos destinados por ley a las actividades recreativas, se hallan confinados por semanas, meses y hasta años, sin tener acceso al exterior de sus pequeñas celdas de reclusión y sin contacto humano con la población carcelaria general”, deplora Sillky.
La pregunta es “¿por qué se remite a estos indocumentados a los centros penitenciarios, cuando realmente deberían estar ahí para determinar su estatus y presentarse ante un juez de inmigración, y no sirviendo una sentencia?”, señala.
Esto mina la autoridad moral de Estados Unidos, que anda promoviendo el respeto a los derechos humanos en el mundo, dice por su parte Melissa Harris-Perry, “mientras aquí se violan los derechos humanos y civiles de los indocumentados por delitos relacionados con su estatus, y no criminales”.
Las políticas de migración de la administración federal estadunidense rebasan los límites permitidos que protegen los derechos humanos. “Bajo la declaración universal de los derechos humanos las personas deberían estar libres de detenciones arbitrarias en centros correccionales, y de la deportación por cometer faltas administrativas relacionadas a la entrada ilegal al país. Esta política de la administración es completamente arbitraria”, acusa la activista.
Sillky Shah sostiene que además de minar la autoridad moral de Obama, de la Primera Dama y de los estadunidenses, “que andan dictando lecciones morales sobre la defensa de lo derechos humanos, lo que debemos tener en mente es que Estados Unidos es el líder mundial de los encarcelamientos, con la mayor población recluida, más de dos millones de presos”. Algo disparado de lo que sucede en el contexto internacional, donde resulta un escándalo, particularmente entre los países desarrollados, afirma.
Lo irónico es que los republicanos critiquen a Obama de no ser lo suficientemente estricto para aplicar las medidas de seguridad en el país, dice Harris-Perry, “y por tanto, como señala el presidente de la Cámara baja, John Boehner, No se puede confiar en él, por lo que no habrá avance en las negociaciones para una reforma migratoria”, a pesar de que hasta algunos de sus aliados le están llamando el Deportador en Jefe.
Sillki insiste en que “lo primero que hay que hacer es eliminar la cuota de los 34 mil presos en el lenguaje de apropiaciones”, que le exige el Congreso a ICE, “lo que abrirá espacio para proceder en el cierre de facilidades como la de Iowa, Tacoma y Etowah, entre otras”. En segundo lugar, continúa, “la corte del Noveno Circuito ha sentado ya un precedente que dice que toda persona detenida por más de seis meses requiere de un Bond Hearing” O sea una audiencia que fija una fianza dentro de una cierta cantidad de tiempo después de la detención. En Florida, por ejemplo, un acusado tiene derecho a una audiencia de fianza en el plazo de 24 horas después de ser detenido, por lo que las audiencias de fianza se celebran todos los días.
Y esto debe pasar en el nivel nacional, afirma enfática Sillki, “bajo el caso de Alejandro Rodríguez” y otros contra las autoridades de Seguridad Nacional bajo la administración de Janet Napolitano en marzo del año pasado. “Yo creo que debemos movernos en esa dirección; necesitamos los llamados Bond Hearings. Pero definitivamente todo esto debe dar paso al cierre de estas facilidades de detención de inmigrantes indocumentados”.
