Marco Vinicio González
Noticiero Latino, Nueva York
Mientras diversas voces y movilizaciones de los defensores de los inmigrantes consiguen que el gobierno federal y el Congreso conviertan el reclamo popular en políticas públicas para frenar efectivamente las deportaciones, en la ciudad de Nueva York comienzan a verse los buenos resultados del Proyecto de Unidad Familiar de los Inmigrantes, un programa municipal de asesoría jurídica y representación legal gratuita que ayuda a los indocumentados detenidos en centros de Inmigración a frenar su deportación, cuando hay atropellos legales a sus derechos durante el arresto o la reclusión.
El Proyecto de Unidad Familiar de los Inmigrantes/The New York Immigrants Family Unity Project (NYIFUP) se revela como una poderosa herramienta para la representación legal de inmigrantes indocumentados detenidos en centros de reclusión de Inmigración, ICE. En los últimos tres meses, la mitad de los indocumentados que se acercaron al proyecto por ayuda, lograron frenar su deportación, dice un reporte del Centro para la Democracia Popular/The Center for Popular Democracy.
El referido proyecto, que comenzó como un piloto hace apenas tres meses y que ya está dando resultados, halló que cada año “miles de habitantes de la ciudad de Nueva York -sus padres y hermanos, trabajadores y estudiantes, y hasta empleadores-, enfrentan detenciones y muchos de ellos deportaciones sin la asistencia de un abogado calificado”. Estos neoyorquinos terminan recluidos y aislados de sus seres queridos, “y hacen frente a la posibilidad -a largo plazo- de que en algunos casos sean separados permanentemente de sus comunidades”.
En su análisis demuestra que “el estado de Nueva York puede reducir drásticamente el costo emocional y económico del sistema de detención y deportación, proporcionando “asesoría legal de alta calidad y gratuita para los inmigrantes detenidos que se enfrentan a la deportación”. El Proyecto de Unidad de Familias cuenta con una inversión anual de 7.4 millones de dólares, “lo que ayudará a garantizar que los procedimientos de deportación reflejen nuestros valores fundamentales, y que proporcionen una medida de justicia para los inmigrantes en esta ciudad”.
El proyecto sostiene también que generaría cerca de 1.9 millones de dólares en ahorros anuales para el estado de Nueva York, “mediante la reducción de los gastos en programas de seguro de salud pública y servicios de cuidado de crianza, y la captura de los ingresos fiscales que de otra manera se perderían”. Además, NYIFUP produciría cada año cuatro millones de dólares en ahorros para los empleadores, “al evitar los costos relacionados con el volumen de negocios que se derivan de las detenciones y deportaciones”. Estas sumas en su conjunto, se traducen en ahorros que compensan la mayor parte de la inversión necesaria para establecer el programa, dice el Centro para la Democracia Popular en su página web.
A nivel nacional 60 por ciento de los 216 mil 810 deportados el año pasado contaba con récord criminal. Es decir, 151 mil 834 no tenían antecedentes criminales ni condenas, excepto estar indocumentados en el país, ya sea porque cruzaron la frontera ilegalmente, entraron con visas y las dejaron expirar para permanecer aquí sin tener que salir o ignoraron órdenes de deportación. O sea que no debieron haberlos hecho prioridad de las pesquisas de las autoridades migratorias, como supone la orden girada por Obama al Departamento de Seguridad Nacional para que los agentes y personal judicial de ICE den prioridad a inmigrantes con antecedentes criminales serios, y no a madres y padres de familia trabajadoras que no cometen delitos y pagan impuestos. La idea es que alguien se acerque a estos casos y les diga sobre las opciones que están disponibles para ellos, que por lo general las desconocen, como cuando sus casos legalmente no son deportables, y cuando lo son, que tienen algún recurso de perdón todavía, antes de la deportación. Diversas organizaciones comunitarias, Como la Coalición de Inmigración del Alto Manhattan y la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes están pidiendo que el programa se expanda y se haga permanente.
Otro dato relevante para destacar de este proyecto es que un 20 por ciento de los indocumentados en la puerta de la deportación, quedaron inmediatamente en libertad apenas los abogados revisaron expedientes y denunciaron que no eran casos deportables.
El proyecto trae a la ciudad de Nueva York incontables beneficios económicos, dice The Center for Popular Democracy. La detención o deportación de uno de los padres hace que sea difícil para algunos estudiantes completar la escuela, lo que limita su potencial de ingresos a largo plazo, aumenta la dependencia en programas de seguro de salud y asistencia pública, y disminuye los ingresos fiscales.
El Proyecto sostiene además que mantener “más de 10 años el programa NYIFUP se traduciría en 3.1 millones de dólares menos en costos anuales al estado. NYIFUP ahorraría a Nueva York más de 1.3 millones en dichos costos por cada año.
Por otro lado, las detenciones y deportaciones cuestan al Programa de Seguro de Salud Infantil del Estado de Nueva York (SCHIP), cerca de 685 mil dólares por año. NYIFUP ahorraría al estado más de 310 mil dólares anuales en ese rubro.
El estado paga más de 562 mil dólares al año para proporcionar cuidado de crianza a los hijos de los detenidos o deportados. NYIFUP reduciría estos costos en más de 263 mil dólares al año, dice el pryecto, y recomienda: “Si esto va a producir 5.9 millones de dólares en ahorros cada año al Estado y a los empleadores de Nueva York, asegúrese de que el sistema está a la altura de nuestros ideales y que ayude a mantener unidas a las familias del estado”.
