A nueve años de la desaparición de los estudiantes, nadie ha sido sentenciado por el crimen, por lo que el caso ha pasado a simbolizar un sistema averiado incluso no puede resolver los actos más descarados de brutalidad. El gobierno anterior fue acusado de orquestar un amplio encubrimiento para esconder la participación de las fuerzas federales en el secuestro, en particular las del todopoderoso ejército.

En los meses y semanas previos al secuestro, según muestran las intervenciones telefónicas, el cártel se había puesto cada vez más paranoico, asediado por luchas intestinas mortales mientras trataba de defender su territorio ante el avance de sus rivales. Así que cuando decenas de jóvenes llegaron a la ciudad de Iguala en autobuses de pasajeros —no muy distintos a los que el cártel usaba para contrabandear drogas a Estados Unidos— los traficantes confundieron el convoy con una incursión enemiga y dieron la orden de atacar, según lo que dicen ahora los fiscales.