Familias migrantes bajo la custodia de Estados Unidos duermen en el suelo bajo un puente peatonal en El Paso, Texas. Foto: Personal Liberty.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, Alejandro Mayorkas anunció una serie de preparativos para enfrentar «significativos desafíos» en la frontera con México; entre ellos, nuevas instalaciones de procesamiento en las solicitudes de asilo, personal adicional, médico y administrativo, así como «capacidades ampliadas” para el transporte de migrantes a diferentes destinos dentro del país. Mientras, un juez designado por Trump en Luciana bloqueó temporalmente la intensión del presidente Biden de poner fin al llamado Título 42. ¿Qué hay detrás de esto?
Marco Vinicio González
De cara a las elecciones venideras, los republicanos insisten en seguir lucrando políticamente con la noción de una frontera en peligro de ser desbordada si se pone fin al Título 42, una media sanitaria que faculta a las autoridades de Inmigración en la frontera para a expulsar selectivamente y por la vía rápida a migrantes en busca de asilo (léase centroamericanos, caribeños y otros migrantes pobres y de color), sin darles la oportunidad legal a presentar sus casos de asilo o al debido proceso.
Esta medida, convertida en política de migración por Stephen Miller, asesor principal de Trump en la materia, que entró en vigor en marzo de 2020 con la supuesta intención de evitar la propagación del Covid-19 hacia Estados Unidos cuando el virus se hallaba ya en el interior del país, a la fecha ha deportado por la vía del fast track aproximadamente a un millón y medio de migrantes en busca de asilo, con excepción de los migrantes blancos y de origen europeo, como quedó demostrado en el caso de los afortunados ucranianos.
Entre tanto, el juez federal de una corte de distrito en Luisiana, designado por Trump, Robert Summerhays dictó una orden judicial que intenta frenar los planes del presidente Biden para poner fin al Título 42 este 23 de mayo, lo que permitiría una vez más que los migrantes soliciten asilo o tengan la oportunidad de ser sometidos al debido proceso.
De esta suerte, Summerhays toma el lado de los estados gobernados por los republicanos, que habían pedido a los tribunales obligar a la Casa Blanca a bloquear temporalmente la intensión de acabar con dicha política fronteriza de la era de la pandemia, lo que consideraron una victoria respecto a una demanda presentada inicialmente por Luisiana, Missouri y Arizona y que ahora incluye a unos 20 estados liderados por el Partido Republicano.
Entre otros, un caso reciente de dichas políticas antinmigrantes de los republicanos es el de Texas, donde el gobernador, Greg Abbott ha instalado a la Guardia Nacional para que simplemente observe el cruce ilegal de la frontera, sin poder hacer otra cosa que señalar a las autoridades de Inmigración la ubicación de los migrantes que han cruzado la línea.
En su oportunidad Abbott prometió que la medida no le costaría un solo centavo al estado, porque la «misión por tiempo limitado» sería pagada «al 100%» por el gobierno federal. Pero el costo de este operativo superó los 2 mil millones de dólares. Y para cubrir parte del gasto, los líderes republicanos de Texas transfirieron en febrero casi 500 millones de dólares al Departamento Militar del estado, y el resto iría al DHS.
Pero lo más reciente y “relevante” de Abbott es la imposición de una doble o triple inspección a los camiones que cruzan diariamente la frontera en Texas, incluso con alimentos perecederos algunos, e insumos para la cadena de suministro, que ha tenido un costo para los contribuyentes del estado, de la friolera cantidad de 4 mil 200 millones de dólares; y que dio como resultado exactamente cero detenciones de migrantes o de incautaciones de drogas, según reportes de la prensa local.
De acuerdo por ejemplo con The Dallas Morning News, “estas inspecciones también crearon una acumulación de camiones de 18 ruedas en ambos lados de la frontera, y algunos camioneros informaron que esperaron más de 30 horas para un proceso que generalmente toma tres horas”. Los retrasos, afirma, resultaron en 240 millones de dólares perdidos nada más en productos perecederos en mal estado, y estantes vacíos en los mercados locales.
En tanto, se espera que Mayorkas enfrente esta crítica directamente cuando comparezca ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes la próxima semana.
En una entrevista el viernes, Mayorkas dijo que los miembros del Congreso pueden ofrecer una solución permanente a los desafíos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Cuando se le preguntó si le pedirá al Congreso más fondos o autoridades legales para abordar los cambios del Título 42, Mayorkas dijo que se necesita una reforma legislativa. O sea, una reforma migratoria.
Y agregó: “Estamos operando dentro de los confines de un sistema que está completamente roto, y que hace mucho tiempo debio haber impuesto una solución legislativa”¶
