El estado de Idaho aprobó este lunes la ley antiaborto S.B. 1309, una copia de la restrictiva ley SB-8 texana, que prohíbe el aborto después de las 6 semanas de embarazo y otorga a los ciudadanos comunes la facultad de hacer cumplir la prohibición de los abortos para blindarse contra los desafíos judiciales a su inconstitucionalidad. La medida afectará de forma desproporcionada a las comunidades negra, latina e indígena, y a personas con bajos ingresos y de zonas rurales.
Marco Vinicio González
En una votación de 51 a 14 la Cámara de Representantes de Idaho, dominada por republicanos, aprobó el proyecto de ley S.B. 1309 y lo envió al escritorio del gobernador -también republicano- Brad Little, quien previamente había firmado una ley restrictiva al aborto el año pasado.
Como la referida ley no hace excepción de casos de violación e incesto, muchas mujeres en Idaho se verán obligadas a continuar con sus embarazos en contra de su voluntad. De esta suerte, esas mujeres de Idaho podrían estar viviendo el último mes de acceso al aborto en ese estado.
La medida aumentó el estupor de activistas y legisladores demócratas de Idaho y otras partes del país, que luchan por los derechos reproductivos de la mujer; pues ven en esta movida de los republicanos un anticipo de lo que podría suceder próximamente en la Suprema Corte de Justicia a Roe v. Wade, la ley vigente del ramo que en 1973 estableció el derecho constitucional al aborto e impide que los estados puedan prohibir la terminación del embarazo antes de que un feto sea viable fuera del útero, lo que en la actualidad ocurre aproximadamente a las 23 semanas de embarazo.
Y es que la última vez que la Suprema escuchó los argumentos orales en diciembre sobre una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas, los seis jueces derechistas del máximo tribunal parecían estar dispuestos a abandonar el mandato nacional. Se espera que tomen una decisión al respecto este verano aproximadamente.
De acuerdo con el Fondo de Acción, de Planned Parenthood Federation of America, el proyecto de ley S.B. 1309 de Idaho prohibirá casi todos los abortos después de las seis semanas de embarazo y permite que algunas personas, aún sin relación a la mujer embarazada, demanden a proveedores de aborto que violen dicha prohibición, ignorando la opinión pública. Y también aprovecha el espaldarazo que les dio la Suprema Corte, que decidió recientemente no bloquear la prohibición a la SB-8 de Texas.
Como lo divulgó un programa televisivo de Idaho, citado por Planned Parenthood, los promotores de la S.B. 1309 manifestaron su deseo de que ese estado se convierta en el próximo Texas.
El fondo de Planned Parenthood afirma en un comunicado que “Durante el primer mes de la prohibición en Texas, la medida eliminó el 60 porciento de los abortos”, por lo que dicha prohibición en Idaho “no solamente le negará a las personas su derecho constitucional al aborto, sino que también eliminará el acceso a cuidados de salud reproductiva de muchas mujeres que no cuentan con los recursos financieros para viajar fuera del estado para recibir la atención que necesitan”.
Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood Action Fund, dijo que esta medida “afectará de forma desproporcionada a las comunidades negra, latina e indígena, a personas con bajos ingresos y a personas en zonas rurales… Es indignante que una persona pueda ser testigo del daño y el caos de los últimos seis meses en Texas y pensar, ‘quiero eso mismo para las personas de mi estado’. Sin embargo, hoy los políticos en contra del aborto en Idaho hicieron justamente eso”.
De permitir que entre en vigor la SB 1309, continuó Johnsosn, “esta prohibición perjudicará a las personas embarazadas de Idaho e impactará de forma desproporcionada a nuestras comunidades menos atendidas”; pero aclaró. «No nos equivoquemos: Planned Parenthood continuará proveyendo cuidado de salud en Idaho y luchando por pacientes y comunidades… Esto aún no ha terminado”.
El proyecto de marras pasa ahora al escritorio del gobernador Little, quien tiene diez días para firmarlo a fin de que entre en vigor como ley, o en su defecto -cosa muy poco probable- para vetarlo. Pero de ser así, la mayoría republicana del cuerpo legislativo de Idaho anularía de todos modos el hipotético veto. Una vez que la ley entre en vigor, su cláusula de emergencia tomaría efecto en 30 días.
Sin apoyo judicial, concluye Planned Parnhod, “los pacientes de Idaho perderán el acceso al aborto este mismo mes”¶